En sesión de la Comisión Permanente, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Código Penal del Estado, con el propósito de establecer que, cuando el objeto del robo sea la sustracción, apoderamiento o comercialización ilegal de agua potable, se impondrá al responsable de cuatro a diez años de prisión y multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización.