Durante más de medio siglo el narcotráfico ha estado asentado en Sinaloa y ningún gobierno federal, ni estatal, ha podido combatirlo, mucho menos erradicarlo.
Al contrario, Sinaloa es símbolo internacional del narco.
Más ahora con el fentalino.
Y con la caída del gobernador Rubén Rocha Moya.
Y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Más la imputación al senador Enrique Inzunza Cáceres.
Dimisiones que han impactado en el corazón de Morena y de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Ni qué decir del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien impuso a Rubén Rocha en la gubernatura.
No hay duda, el narco llegó en los 60 para quedarse en tierras sinaloenses.
A continuación, se exponen los puntos relevantes del trabajo periodístico de Víctor Manuel Sánchez Valdés en Fronteras del Crimen.
Desde 1963, el narco ha infiltrado la política en Sinaloa, financiando campañas, protegiendo intereses y corrompiendo instituciones en todos los gobiernos, sin distinción partidista, mediante redes de impunidad que han evitado sanciones pese a múltiples señalamientos.
Durante décadas el crimen organizado ha penetrado las instituciones públicas de Sinaloa, han impulsado políticos, generado violencia política, financiado campañas y puesto a las instituciones públicas a su servicio, dentro de esa dinámica la organización más beneficiada ha sido el Cártel de Sinaloa, aunque también hay evidencia de protección al Cártel de Guadalajara, Cártel de Juárez y los Beltrán Leyva.
No se trata de algo reciente, al contrario, existe evidencia desde la década de los 60 de interacción entre el narco y la cúpula política de Sinaloa.
Tampoco se trata de una situación atribuible a un partido político o grupo en el poder, ya que Sinaloa ha sido gobernada por el PRI, por la coalición PAN-PRD-Convergencia y ahora por MORENA, y en cada uno de esos periodos se pueden encontrar acusaciones de colusión de gobernadores y políticos.
SÁNCHEZ CELIS Y FÉLIX GALLARDO
La primera conexión directa entre un gobernador y el crimen organizado en Sinaloa se remonta a 1963, cuando el mandatario Leopoldo Sánchez Celis contrató de chofer y escolta al ex policía Miguel Ángel Félix Gallardo, quien más tarde se convertiría en el narcotraficante más poderoso de México al encabezar el Cártel de Guadalajara, que comenzó a gestarse en 1978.
Miguel Ángel Félix era apodado el “Jefe de Jefes”, mote que describe su jerarquía debido a que en la década de los 80 fue, sin lugar a dudas, el narco más influyente y que mandaba sobre los demás capos regionales.
Félix Gallardo aprovechó su posición cercana al gobernador Sánchez Celis para operar en favor de Pedro Avilés Pérez, pionero del tráfico de drogas en Sinaloa y primer narco en el país en establecer rutas regulares de tráfico a los Estados Unidos, de quien aprendió el negocio y que además en su momento reclutó a operadores de Avilés para conformar lo que después se conocería como el Cártel de Guadalajara.
Los gobernadores que siguieron, Alfredo Valdez Montoya (1969-1974) y Alfonso Calderón Velarde (1975-1980), compartieron al mismo director de la Policía de Sinaloa, Alfredo Reyes Curiel, sobre el que han pesado acusaciones de corrupción, entre ellas la de haber protegido primero a Pedro Avilés Pérez y después a Félix Gallardo.
El siguiente mandatario de Sinaloa, Antonio Toledo Corro (1981-1986) fue señalado por su pasividad en el combate al crimen organizado, así como de haberse reunido con Miguel Ángel Félix Gallardo y de recibir sobornos de su parte, para dejarlo operar con libertad en la entidad.
NACIMIENTO DEL CÁRTEL DE SINALOA
Posteriormente vino Francisco Labastida Ochoa (1987-1992), a quien le tocó el ocaso del Cártel de Guadalajara y el surgimiento de tres nuevas organizaciones: Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana y Cártel de Sinaloa, todas ellas encabezadas por personas nacidas en Sinaloa y que pertenecieron al Cártel de Guadalajara.
En 1989 derivado del arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo, el entonces Procurador de la República ordenó la aprehensión de varios funcionarios que formaban parte de la red de protección del capo, entre los que se encontraban tres funcionarios de Labastida: Arturo Moreno, Enrique Corza y Robespierre Lizárraga.
Al final del periodo de Juan Sigfrido Millán Lizárraga (1999-2004), se registró en Culiacán el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en 2004, hermano de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, antiguo líder del Cártel de Juárez.
Lo relevante del asunto fue que Rodolfo iba escoltado por agentes de la Policía Ministerial de Sinaloa, lo cual generó un escándalo por la infiltración, sin embargo, los responsables no recibieron castigo alguno.
En 2010, el Ejecutivo Estatal Jesús Aguilar Padilla (2005-2010) también fue investigado por nexos con el Cártel de Sinaloa por el Gobierno de los Estados Unidos, así como el empresario y en ese entonces Alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, candidato del PRI en las elecciones de 2010.
Mario López Valdez (2011-2016), llegó al Palacio de Gobierno de Sinaloa bajo las siglas del PAN y fue el primer gobernador de un partido diferente al PRI, resultó acusado en un video por uno de sus escoltas, Frank Armenta Espinoza, de que él y varios de sus funcionarios protegían al Cártel de Sinaloa, que permitían el control de dicha organización sobre la cárcel de Aguaruto en Culiacán y que hicieron posible la fuga del jefe de seguridad del Chapo Guzmán, Jorge Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”.
Cabe mencionar que dicho escolta había sido privado de la libertad varios días antes de que el video saliera a la luz, supuestamente por un grupo armado y apareció muerto días después, por lo que Mario López Valdez siempre negó las acusaciones, bajo el argumento de que las mismas habían sido obtenidas con amenazas y que por tanto no se podía confiar de lo dicho en el video.
En 2016, aún en el período de Mario López Valdez, fue destituida de su cargo la Diputada Local, Lucero Sánchez López del PAN, al descubrirse que mantenía una relación sentimental con Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien fue a visitar a prisión. Después se sabría que “El Chapo” la habría impulsado para llegar al Congreso de Sinaloa.
Si bien Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) no tuvo acusaciones directas de vinculación con el Cártel de Sinaloa, personal del equipo de su Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, fue señalado de trabajar para el Cártel de Sinaloa, como se reveló en la publicación de informes de la SEDENA por Guacamaya Leaks.
LA ERA DE ROCHA MOYA
Desde la campaña a Gobernador en 2021, Rubén Rocha Moya fue objeto de señalamientos de colusión con el Cártel de Sinaloa, por ejemplo, Mario Zamora Gastélum, entonces candidato del PRI a la gubernatura, denunció que decenas de operadores suyos fueron secuestrados días antes de la votación y otros amenazados, por lo que se generó la impresión de que Los Chapitos habían destinado dinero a la campaña, pero también amedrentaron a los rivales y promovieron el voto para Rocha, incluso utilizaron influencers afines a ellos.
Lo anterior coincide con las acusaciones hechas hace unos días por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el sentido de que Los Chapitos habrían financiado la campaña de Rocha Moya y dado sobornos a muchos funcionarios de su gobierno a cambio de protección.
A la vez, está la carta redactada por Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, donde cuenta que fue al lugar donde sería secuestrado, pensando que se iba a reunir con Rubén Rocha Moya y el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, para mediar una disputa por la Rectoría de la UAS.
Pero Rocha no se presentó. “El Mayo” fue secuestrado. Y Melesio Cuén fue asesinado.
La pregunta de fondo que da verosimilitud a las palabras de “El Mayo” … ¿por qué el narco acudió pensando que ahí encontraría al gobernador Rocha Moya?
La respuesta gira a pensar que ya se conocían y muy probablemente se hubieran reunido antes, por ello era factible creer que ahí estaría.
Lo anterior lleva a que los gobiernos en Sinaloa, de 1963 a la fecha, de alguna u otra forma, han sido infiltrados por el crimen organizado. Se trata de un proceso de captura de las instituciones por redes criminales que va más allá de partidos e ideologías, en donde se financian campañas y se dan sobornos para garantizar la cooperación de gobernadores, secretarios, alcaldes y mandos policiales, concluye el texto Víctor Manuel Sánchez.
Vaya historia.
Vaya recuento de hechos.
No hay duda, el Narco llegó a Sinaloa en los 60 para quedarse.
Al tiempo.
clh