Tehuacán, Pue.– La falta de oficinas ha obligado al personal de la Procuraduría Agraria en Tehuacán a brindar atención en la vía pública, situación que ha generado molestia e inconformidad entre ejidatarios y comuneros de la región de Tehuacán y Ajalpan, quienes consideran que se trata de un trato indigno y un obstáculo para la realización de trámites agrarios.
Desde inicios de febrero, usuarios de esta dependencia federal han sido atendidos en el exterior de las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), luego de que la Procuraduría Agraria se quedara sin un espacio físico para operar. Incluso, documentación oficial fue colocada en el estacionamiento del inmueble, quedando expuesta al sol, la lluvia y otros factores climáticos.
Integrantes de Bienes Comunales de municipios como Vicente Guerrero y Coxcatlán señalaron que acudieron al lugar tras ser informados de que, a partir del 3 de febrero, la Procuraduría Agraria despacharía en la SCT, ubicada sobre la carretera federal 150 México–Veracruz, a la altura de San Nicolás Tetitzintla. No obstante, al llegar se les negó el acceso por parte del personal de seguridad.
Posteriormente, los ejidatarios lograron ser atendidos por el jefe de residencia de la dependencia, quien explicó que no cuentan con autorización para utilizar dichas instalaciones, ya que no se formalizó un convenio para el préstamo del espacio, por lo que la atención se realiza únicamente en el exterior.
De acuerdo con la información proporcionada, desde diciembre pasado se solicitó a la Procuraduría Agraria desalojar las oficinas que había ocupado durante 29 años, debido a la falta de recursos para cubrir el pago de renta. Además, en el presupuesto de este año no se contempla una partida para el arrendamiento de un inmueble ni recursos suficientes para gastos operativos básicos, como combustible.
El jefe de residencia, Salvador Quezada Zamora, reconoció las limitaciones que enfrenta la dependencia y expresó su confianza en que próximamente se pueda contar con un espacio adecuado para atender a los 169 ejidos y 33 comunidades agrarias de 32 municipios de la región, lo que representa a cerca de 200 mil sujetos agrarios.
Trascendió que la gestión para trasladar las oficinas a la SCT fue realizada por el representante estatal de la Procuraduría Agraria, Miguel Mendoza; sin embargo, dicha gestión se habría efectuado de manera verbal y sin cumplir con los procedimientos legales, lo que impidió que los cinco organizadores agrarios pudieran ocupar el inmueble y acceder a documentación oficial.
Ante este panorama, ejidatarios y comuneros exigieron una solución inmediata, al señalar que desde diciembre sus trámites se encuentran detenidos, particularmente aquellos relacionados con la tenencia de la tierra y cambios de comisariados. Aunque reconocen que el personal intenta brindar atención, aseguran que no existen las condiciones mínimas para realizar gestiones formales, por lo que demandaron un trato digno y sobre todo que el representante estatal de la Procuraduría Agraria en esta zona asuma su labor, dado a que hasta ahorita no ha dado resultados concretos y solo ven que se encuentra interactuando en las redes sociales.
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Foto: Yomara Pacheco
cdch
