San Juan Tianguismanalco. — Una nueva denuncia ciudadana volvió a poner en el centro del debate la actuación de elementos de la policía de esta demarcación luego de que automovilistas señalaran haber sido víctimas, en las últimas horas, de presunto abuso de autoridad durante la instalación de un supuesto retén.
De acuerdo con los testimonios difundidos públicamente los hechos ocurrieron cuando el conductor quedó detenido por oficiales municipales en un punto de revisión instalado en la vía pública.
El afectado aseguró que en ningún momento se negó a la inspección de su vehículo. Sin embargo, afirmó que los uniformados adoptaron una actitud “grosera y prepotente”.
Según su versión los elementos le exigieron descender del automóvil “de manera intimidante” y sin ofrecer una justificación legal clara para dicha solicitud. Los dueños de los coches sostuvieron que, al manifestar que conocía sus derechos y mantener una postura firme, la actitud de los oficiales cambió a un comportamiento más agresivo.
“Es evidente que su intención era sacarnos dinero, extorsionarnos”, expresó agregando que, al no obtener lo que presuntamente buscaban, los policías intentaron amedrentarlo.
Especialistas en derecho han señalado en diversas ocasiones que los retenes policiales deben cumplir con criterios de legalidad, fundamentación y motivación, además de respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reiterado que cualquier acto de autoridad que implique abuso, hostigamiento o extorsión puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.
Finalmente los denunciantes hicieron un llamado a la población para mantenerse alerta y, en caso de considerar vulnerados sus derechos, documentar cualquier interacción con autoridades. “No se dejen intimidar y, de ser posible, graben siempre”, exhortó.
Hasta el momento el Ayuntamiento de San Juan Tianguismanalco no ha emitido una postura oficial respecto a este señalamiento. La situación vuelve a encender la discusión sobre los límites de la actuación policial en operativos preventivos y la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión que garanticen seguridad sin vulnerar derechos ciudadanos.
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Foto: Cortesía
cdch