Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvieron a Leonardo N., quien se desempeñaba como director de Turismo del Ayuntamiento de Chiautzingo, por su presunta responsabilidad en los delitos de violación equiparada y tentativa de violación equiparada en agravio de sus dos sobrinas menores de edad.
De acuerdo con la información oficial, la madre de las víctimas denunció los hechos en mayo de 2024, señalando que el funcionario habría cometido actos de naturaleza sexual en contra de las niñas. Tras las investigaciones, agentes especializados en Delitos Sexuales lograron obtener una orden de aprehensión y cumplimentarla en las últimas horas.
Fiscalía confirma los delitos y asegura prisión preventiva
La Fiscalía de Puebla informó a través de sus redes oficiales que, tras diversas diligencias, se obtuvieron indicios suficientes para acreditar la probable participación del funcionario municipal en los abusos.
El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, donde se definirá su situación jurídica en los próximos días.
Por la gravedad de los delitos, la autoridad ministerial determinó que Leonardo N. permanezca bajo prisión preventiva oficiosa, mientras continúa el proceso penal.
Ayuntamiento de Chiautzingo se deslinda del funcionario
Tras darse a conocer la detención, el Ayuntamiento de Chiautzingo, encabezado por la presidenta María del Carmen Palestino Cordero, emitió un comunicado oficial en el que aseguró no tener conocimiento previo de los hechos y afirmó que mantendrá plena colaboración con la FGE durante la investigación.
El gobierno municipal señaló que exige a sus funcionarios presentar Cartas de Antecedentes No Penales como parte del proceso de contratación, con el objetivo de verificar la “honorabilidad y cumplimiento legal” del personal.
Asimismo, la administración confirmó que Leonardo N. fue separado temporalmente de su cargo, en tanto se define su situación jurídica.
La FGE de Puebla continúa integrando la carpeta de investigación para determinar el grado de responsabilidad del detenido y verificar si existieron más víctimas.
Hasta el momento, las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar justicia a las menores y de sancionar cualquier acto de violencia sexual, especialmente cuando involucra a servidores públicos.
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