La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que mantendrá su estrategia para reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública, luego de que la agencia Moody’s rebajara la calificación crediticia de México.
La dependencia federal señaló que continuará con el plan de consolidación fiscal aprobado para este año, el cual contempla disminuir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con Hacienda, la intención es mantener una trayectoria “sostenible” de la deuda en los próximos años y reducir riesgos financieros en un contexto internacional marcado por la desaceleración económica y la volatilidad de los mercados.
Entre los argumentos expuestos por la dependencia destaca que alrededor de 80% de la deuda del gobierno federal está contratada en moneda nacional y a tasa fija, lo que, según la institución, ayuda a disminuir la vulnerabilidad ante movimientos externos como el aumento en tasas de interés o la depreciación del peso.
La postura de Hacienda se dio horas después de que Moody’s recortara la nota soberana de México de Baa2 a Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión. Aunque la agencia modificó la perspectiva de negativa a estable, advirtió sobre un panorama económico más débil, presiones en las finanzas públicas y dificultades para incrementar la recaudación.
El ajuste de Moody’s se suma a la decisión tomada recientemente por Standard & Poor’s, que mantuvo la calificación del país en BBB, pero cambió la perspectiva de estable a negativa. Esto implica que México podría enfrentar una nueva rebaja en los próximos dos años si no logra reducir el déficit fiscal y mejorar sus indicadores financieros.
Analistas financieros han advertido que un deterioro en la calificación crediticia puede elevar el costo de financiamiento para el gobierno y generar cautela entre inversionistas extranjeros. Aunque México aún conserva el grado de inversión, las evaluaciones de las calificadoras son observadas de cerca por los mercados internacionales debido a su impacto en el acceso al crédito y en la percepción de estabilidad económica.
El déficit fiscal registró un aumento importante durante el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, principalmente por el incremento del gasto destinado a concluir proyectos prioritarios de infraestructura y programas públicos. Como resultado, los RFSP alcanzaron 5.7% del PIB, el nivel más alto registrado en décadas recientes.
Ante ese escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum inició ajustes al gasto público durante su primer año de gestión. Uno de los rubros más afectados ha sido la inversión física, que permanece en niveles bajos mientras la administración busca contener el crecimiento de la deuda y enviar señales de disciplina fiscal a los mercados.
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