La extorsión es uno de los delitos más graves en el país y un hecho reciente relacionado con su práctica es el homicidio del líder de los limoneros de Michoacán. Bernardo Bravo.
La presidenta Claudia Sheinbaum envío al Congreso de la Unión una iniciativa de ley general para combatir la extorsión, con el objetivo de que este delito se persiga de oficio en todo el país, se establezca una tipificación unificada y se impongan penas de hasta 15 años de prisión.
Contempla además agravantes específicas como el cobro de piso y la comisión del delito desde centros penitenciarios, entre otras circunstancias.
La ley general contra la extorsión en México está en proceso de aprobación. Se avanzó con la validación de la reforma constitucional en el Senado el 24 de septiembre, lo que faculta al Congreso a crear dicha ley. La reforma ahora debe ser ratificada por los congresos locales, lo que ya sucedió en Puebla, y, posteriormente, se podrá expedir la Ley General. Se espera que la nueva ley se apruebe antes de que termine el año.
Se dio el primer paso para armonizar las leyes estatales y federales tras la reforma al artículo 73 de la Constitución, publicada el pasado 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Esta modificación faculta al Congreso para legislar en materia de prevención, investigación y sanción de la extorsión en todo el territorio nacional.
La ley propuesta prevé que el delito de extorsión se investigue de manera automática, sin que la víctima tenga que presentar una denuncia formal, eliminando así una de las principales barreras que impiden actualmente su persecución. Pretende que en todos los estados y a nivel federal se utilicen los mismos criterios legales para definir y sancionar este delito, lo cual permitirá mejorar la eficacia en su combate.
En cuanto a las sanciones, la iniciativa plantea penas de prisión que van de 6 a 15 años, dependiendo de la gravedad del caso.
Se contemplan como agravantes situaciones como el cobro de piso, la extorsión cometida contra menores de edad, migrantes o servidores públicos, así como los casos en que los responsables actúen desde centros penitenciarios, práctica que ha proliferado en los últimos años.
El proyecto eleva a ley la actual estrategia nacional para combatir la extorsión, la cual opera mediante el número de denuncia anónima 089, y propone reformas a múltiples leyes federales para asegurar la congruencia del nuevo marco jurídico.
Entre estas se encuentran el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, esta última con el objetivo de permitir que los bienes obtenidos mediante extorsión puedan ser confiscados por el Estado.
Oficialmente la propuesta no solo propone endurecer sanciones, sino establecer mecanismos claros para la investigación, persecución y sanción del delito, así como políticas públicas integrales para su prevención.
En un contexto donde la extorsión afecta gravemente al pequeño comercio, al sector informal y a amplios sectores de la ciudadanía, el gobierno federal busca brindar herramientas legales más robustas para erradicar esta práctica delictiva.
Aquí en Puebla, a principios de octubre en sesión de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los diputados aprobaron dos proyectos de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión y de ratificación de grados de la Guardia Nacional.
A través del proyecto, enviado por la Cámara de Senadores, se reforma al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de extorsión.
En Puebla, la extorsión es un problema grave que ha aumentado significativamente, con un incremento del 105% en las denuncias según la Fiscalía poblana.
Afecta a diversos sectores, incluyendo empresarios, pequeños comercios y comerciantes en mercados, quienes enfrentan amenazas y exigencias de dinero, como el cobro de piso.
Últimamente las autoridades han alertado sobre el incremento de las extorsiones telefónicas, provenientes de números con prefijo de Estados Unidos, y han implementado acciones preventivas y operativas para combatirlas.
De las anécdotas que se cuentan
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla advirtió a principios de mes sobre un aumento en los intentos de extorsión telefónica provenientes de números con prefijo internacional, principalmente de ciudades de Estados Unidos.
Hasta el seis de octubre había un registro de 2 mil 455 llamadas de extorsión denunciadas, de las cuales 2 mil 178 fueron intentos frustrados. Al menos 277 casos de extorsión vía telefónica fueron consumados.
Las llamadas provienen de diferentes prefijos internacionales, identificando particularmente el prefijo 1 de EU, con variaciones como el 1-333, 1-555, o similares, originadas en California, Míchigan y Florida.
El cobro de piso a los empresarios y las llamadas telefónicas son en Puebla, los mayores casos de extorsión.
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