México se enfrenta a una realidad que indigna a la ciudadanía: las pensiones vitalicias millonarias que reciben exfuncionarios públicos de alto nivel. Estas “pensiones doradas”, como se les conoce popularmente, representan una sangría para las finanzas públicas y un agravio para los trabajadores que cotizan toda su vida para obtener una pensión digna. Muchas, por cierto, no llegan ni a los diez mil pesos mensuales.
El caso de José Ángel Gurría Treviño es paradigmático. Desde 1994, este exfuncionario recibe una pensión vitalicia de aproximadamente 120,000 pesos mensuales. Lo más escandaloso es que Gurría se jubiló a los 43 años de edad, tras ocupar el cargo de director general de Nacional Financiera (Nafinsa) por ¡solo once meses! El señor hizo el negocio de su vida.
Pero Gurría no es el único beneficiario de este sistema corrupto. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hay personas que cobran cantidades de escándalo mensuales de pensión. Y la lista continúa en otras empresas como Pemex y Banobras.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya tomó cartas en el asunto y propuso una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución. El objetivo es establecer un tope a las pensiones de los exfuncionarios públicos de alto mando (de confianza), limitándolas al 50% del salario neto que percibe la Presidenta, lo que equivaldría a un máximo de 70,000 pesos mensuales.
Esta iniciativa representa un paso fundamental para combatir la corrupción y la desigualdad en México. Al poner fin a las pensiones doradas, se liberan recursos que pueden ser destinados a programas sociales, infraestructura y otros rubros prioritarios para el desarrollo del país. Además, se envía un mensaje claro de que los privilegios de unos pocos no pueden seguirse financiando con el dinero de todos los mexicanos.
La propuesta de Sheinbaum ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana. Como dijo en su momento el clásico: ningún chile les embona, y los más quejosos son los mismos que han vivido a cuerpo de rey a costa del erario y se aferran a sus privilegios.
Por cierto, son también los que se escandalizan de las pensiones que reciben los adultos mayores y hasta huevones los llaman.
Sin embargo, la lucha por la justicia social y la transparencia en el manejo de los recursos públicos debe ser una prioridad para México. El cambio debe hacerse a la de ya.
¡Es hora de decir adiós a los parásitos millonarios y construir un país más justo y equitativo para todos!
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Columna de Margot Pereyra en SDP Noticias
Foto Notimex
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