Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump sostuvo que la orden judicial que frenó la construcción de un salón de baile valorado en 400 millones de dólares dentro del complejo de la Casa Blanca representa un riesgo para la seguridad del presidente, su familia y el personal que labora en la residencia oficial. Con ese argumento, solicitó a un tribunal federal de apelaciones que deje sin efectos, de manera temporal, la decisión emitida por un juez.
En una moción presentada el viernes, abogados del Servicio de Parques Nacionales afirmaron que la suspensión del proyecto podría provocar daños graves a la seguridad nacional. En ese documento, insistieron en que la obra contemplaba infraestructura reforzada y advirtieron sobre la urgencia de reanudarla.
Según la defensa del gobierno, el proyecto no se limita al nuevo salón de baile, sino que también incluye refugio antibombas, instalaciones militares y un centro médico. La construcción forma parte de los aviones impulsados por Trump para transformar con rapidez distintos espacios en Washington.
La controversia surgió después de que el juez federal de distrito Richard Leon, con sede en Washington, ordenó el 31 de marzo una pausa temporal a los trabajos, entre ellos la demolición del Ala Este de la Casa Blanca. El juez concluyó que, sin una autorización expresa del Congreso, el grupo conservacionista que promovió la demanda probablemente podría ganar el caso, al considerar que no existe una ley que otorgue al presidente la facultad que afirma tener para ejecutar el proyecto.
Aun así, el juez decidió suspender por 14 días la aplicación de su resolución al prever que el gobierno impugnaría el fallo. La disputa legal coincidió con la aprobación definitiva del proyecto por parte de una agencia federal encargada de autorizar construcciones en propiedades del gobierno en la región de Washington.
En su resolución, León reconoció que detener una obra ya en marcha podría generar complicaciones logísticas. También examinó información reservada que le fue entregada por el gobierno sobre temas de seguridad nacional y concluyó que la interrupción de la construcción no pondría en riesgo la protección del complejo presidencial. Incluso dejó fuera del alcance de su orden cualquier trabajo que resulte indispensable para garantizar la seguridad de la Casa Blanca.
Trump criticó con dureza la decisión judicial, aunque al mismo tiempo señaló que los trabajos relacionados con búnkeres subterráneos y otras medidas de protección podrían continuar dentro del recinto, con recursos públicos. El mandatario ha asegurado que el costo del salón de baile será cubierto por él y por donantes privados.
Pese a ello, el Servicio de Parques Nacionales argumentó ante el tribunal que el presidente cuenta con plena autoridad para renovar la Casa Blanca y sostuvo que las condiciones actuales del terreno, convertidas en una obra inconclusa, dificultan las tareas de resguardo. En ese sentido, señaló que las carpas provisionales de lona utilizadas en ausencia del salón de baile resultan mucho más vulnerables frente a misiles, drones y otras amenazas que una instalación permanente fortificada.
Por esa razón, el gobierno pidió a la corte de apelaciones resolver su solicitud a más tardar el viernes. Además, requirió ampliar por dos semanas más la suspensión de la orden del juez para mantener abierta la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Suprema.
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Djs
