Chiapas.— El Congreso estatal aprobó este viernes reformas al Código Penal para tipificar la convivencia forzada de personas menores de 18 años, con sanciones de ocho a quince años de prisión. La medida fue avalada por amplia mayoría, con 37 votos a favor y uno en contra, y responde a la persistencia de uniones infantiles amparadas en “usos y costumbres” en zonas rurales e indígenas.
La nueva normativa prevé, además, multas de mil a dos mil 500 días de salario mínimo y agrava las penas cuando la víctima pertenezca a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas, con el propósito de ofrecer una protección reforzada a grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, serán penalizadas las conductas de quien obligue, coaccione, induzca o solicite la unión de un menor, así como de quien gestione u ofrezca a una persona menor de edad con ese fin. También se sancionará a quien participe en la convivencia con alguien que no tenga capacidad para comprender el hecho de convivir de manera informal con otra persona.
La urgencia legislativa se acentuó por casos recientes que conmocionaron a la opinión pública, entre ellos el de una niña tzotzil de 14 años cuyo embarazo de alto riesgo puso en peligro su vida y la de su bebé en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas. Colectivas como 50 más 1 han subrayado que no se trata de episodios aislados, sino de un problema estructural.
Aunque en junio de 2024 se prohibió el matrimonio infantil, en la práctica subsistían uniones informales sin castigo, lo que se mantiene en Chiapas entre las entidades con mayores índices de embarazo adolescente. Con las reformas, se busca cerrar el vacío legal que permitía estas prácticas fuera del ámbito del Registro Civil.
Impulsora de la iniciativa y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada tseltal Rosa Linda López Sánchez sostuvo que el objetivo es erradicar uniones que “arrebatan la infancia, incrementan la violencia doméstica y limitan el desarrollo de niñas y adolescentes”. El Estado, enfatizó, pretende garantizar que ninguna menor sea forzada a sostener una relación “parecida al matrimonio” bajo el pretexto de los usos y costumbres.
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Djs
