México.- En el ámbito global el llamado es colocar la reducción del riesgo en el centro de las decisiones de desarrollo de la planificación económica y de la justicia social, afirmó María Teresa Sánchez Salazar, directora del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM.
Al poner en marcha la Jornada de reflexión y diálogo “Financiar la resiliencia, no los desastres: derechos e inclusión en la reducción del riesgo”, en el contexto del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebró el 13 de octubre, la funcionaria indicó que el llamado es claro: “Pasar de una lógica reactiva a una visión preventiva”.
“Los desastres no son naturales, sino resultado de decisiones que ignoran los riesgos de desigualdades persistentes y de la exclusión de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad”, resaltó.
Agregó que, por lo anterior, este día “nos invita a revisar presupuestos o instrumentos financieros y a reconocer la resiliencia como un derecho humano y a reafirmar que la inclusión y la equidad son condiciones esenciales para reducir el riesgo de desastres”.
En el Auditorio Ing. Francisco Díaz Covarrubias del IGg, añadió que nos recuerda que la construcción de resiliencia no puede hacerse desde un solo ámbito, requiere la ciencia, pero también la empatía, la participación y la defensa de los derechos.
“Garantizar la plena participación es avanzar hacia una sociedad más equitativa y con políticas públicas que verdaderamente no dejen a nadie atrás. Que esta jornada nos permita reafirmar nuestro compromiso con el conocimiento, la inclusión y la justicia, y con la convicción de que sólo fortaleciendo la resiliencia podremos financiar el futuro, no los desastres”, subrayó.
Papel de las relaciones sociales
Irasema Alcántara Ayala, investigadora del IGg, coorganizadora de dicha jornada con Ricardo Javier Garnica Peña, técnico académico del Instituto, dijo que el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres “nos invita a mirar de forma crítica las causas profundas de la vulnerabilidad, pero también a reconocer los aprendizajes y aportes que emergen de la diversidad”.
Reducir el riesgo, consideró, “implica transformar la infraestructura, las relaciones sociales y las formas de ejercer la ciudadanía. Con esta convicción, abrimos un espacio para el diálogo entre la experiencia, el conocimiento y la acción”.
Añadió que, en los últimos años, el estudio de los desastres ha mostrado con claridad que el riesgo no se origina en la naturaleza, sino en la forma en que las sociedades organizan y distribuyen sus recursos y oportunidades.
Los obstáculos que persisten en el entorno físico, en los modos de comunicación y en las actitudes sociales, abundó, ponen en evidencia que la exclusión no nace de la diferencia, sino de la falta de accesibilidad y empatía.
“Cuando los espacios no contemplan la diversidad humana, cuando la información no llega a todos o cuando las decisiones se toman sin considerar distintas realidades, el riesgo se intensifica. Enfrentarlo implica transformar esas estructuras y entender que la inclusión es una condición indispensable para alcanzar la justicia social. Hablar de diversidad funcional es reconocer la pluralidad de formas en que las personas interactúan con el entorno y contribuyen a la vida colectiva”, planteó.
Alcántara Ayala, aclaró que no se trata de adaptar a las personas, sino de adecuar los espacios, las prácticas y las relaciones para que nadie quede al margen.
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