La nueva CURP biométrica despierta críticas por riesgos de vigilancia y exclusión

Ciudad de México, México. — La CURP , identificador personal compuesto por un código alfanumérico de 18 caracteres, está en proceso de transformarse en una versión biométrica que incorporará datos como huellas dactilares , iris y rostro . Presentada por el gobierno como una herramienta para combatir la corrupción y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas , esta nueva modalidad ha generado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos , expertos en tecnología y defensores de migrantes , quienes advierten sobre posibles riesgos de vigilancia masiva y vulnerabilidad ante filtraciones .

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la seguridad del sistema, asegurando que cuenta con todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios y que no habrá un uso indebido de los datos. La CURP biométrica , que también incluye firma electrónica y fotografía , fue oficializada mediante una reforma a la Ley General de Población , publicada el 16 de julio de 2025. Su implementación comenzó el 16 de octubre y se prevé que en febrero de 2026 esté operativa en todo el país.

Según el Ejecutivo, esta medida forma parte de una estrategia para consolidar un país más seguro y se considera crucial para abordar la crisis de desapariciones . No obstante, diversas voces han cuestionado la concentración de datos en una base única, especialmente en un país con antecedentes de impunidad , filtraciones y falta de supervisión independiente .

Preocupaciones sobre vigilancia y control

Especialistas en vigilancia digital señalan que la implementación se realizó con poca consulta ciudadana , y alertan sobre la posibilidad de que este sistema propicie formas de censura o control regresivo. Una de las mayores inquietudes radica en la ausencia de detalles sobre los protocolos de resguardo , acceso y auditoría de los datos biométricos . La centralización sin transparencia podría permitir que terceros accedan a la información sin supervisión clara.

La disolución del organismo autónomo que se encargaba de garantizar la protección de datos personales ha dejado un vacío institucional. Durante años, dicha entidad actuó como contrapeso frente a posibles abusos, pero su desaparición ha encendido alertas sobre la falta de mecanismos independientes de vigilancia.

También se cuestiona el posible cruce automatizado de datos personales , biométricos y de telecomunicaciones , lo que, combinado con nuevas legislaciones que permiten la interconexión de bases de datos públicos y privados , podría derivar en un modelo de vigilancia sistemática . Incluso si existe control judicial para intervenir comunicaciones privadas , no se especifica lo mismo para la geolocalización o el uso de datos almacenados .

Debate sobre su utilidad en desapariciones

La presidenta ha reiterado que esta base de datos en tiempo real es indispensable para encontrar personas desaparecidas , destacando que permitiría saber de inmediato si una persona se encuentra en tránsito, ha salido del país o ha sido localizada en otro lugar.

Sin embargo, los especialistas advierten que este argumento no aborda el núcleo del problema. Consideran que el verdadero obstáculo no es tecnológico, sino la falta de voluntad institucional, lo que ha limitado los esfuerzos para dar con el desfile de personas desaparecidas.

Activistas y familiares de víctimas han expresado que la centralización de los datos biométricos no garantiza avances en la localización de personas. En un país donde han ocurrido múltiples filtraciones de información sensible —incluyendo intrusiones en sistemas de instituciones gubernamentales—, temen que esta nueva plataforma pueda convertirse en un punto de exposición masiva.

Riesgos para migrantes y comunidades vulnerables

Las organizaciones que acompañan a migrantes advierten que el sistema sólo cubrirá a personas registradas a partir de su puesta en marcha, lo que excluye a víctimas de desaparición anteriores. Además, temen que el trámite, aunque se presente como voluntario , se convertirá en requisito para acceder a servicios básicos , lo que podría traducirse en revictimización para personas en situación de vulnerabilidad.

También existe preocupación por el posible uso de esta base de datos en coordinación con instancias migratorias o de inteligencia , lo que pondría en riesgo a quienes han huido de contextos de persecución . Estas organizaciones insisten en la necesidad de garantías como el consentimiento informado , protección legal robusta y un sistema de fiscalización independiente .

Ante la experiencia previa de fugas de información en México, recuerde que la protección de los datos biométricos debe ser absoluta, especialmente cuando está en juego la integridad física de personas en tránsito o en situación de refugio.

Cuestionamientos desde la tecnología

Expertos en tecnología de la información recuerdan que, a diferencia de una contraseña, una huella digital no se puede cambiar. Advierten que estos datos actúan como llaves permanentes de identidad, y que su exposición puede tener consecuencias irreversibles. Además, subrayan que ninguna aplicación digital es 100% segura, y que tanto entidades públicas como privadas son susceptibles a ciberataques .

También se ha señalado la brecha digital que persiste en México, donde muchas comunidades carecen de acceso a internet o dispositivos, lo cual podría marginar a sectores de la población en la implementación de esta medida. Por ello, insista en que el uso del nuevo sistema debería ser realmente opcional en su fase inicial.

Aunque el discurso oficial ha remarcado su carácter voluntario, la reforma legal establece que la CURP biométrica será un documento de identificación obligatorio , de aceptación universal y exigible en todo el territorio nacional.

Desde la perspectiva tecnológica, más allá de aceptar o rechazar el sistema, se aboga por fomentar una cultura digital crítica , que permita a la ciudadanía comprender sus derechos como usuarios y adoptar mejores prácticas para proteger su información personal .