Durante la tarde de este jueves, trascendió que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia al Senado de la República y se prevé que reanude la sesión de la Cámara Alta para darle trámite.
Tras ser convocada en el último momento una sesión del Senado de la República, trascendió desde la tarde noche del miércoles la salida de Gertz Manero de la FGR.
Interrogada esta mañana sobre la salida del funcionario federal, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum indicó que el Senado le había enviado una carta que estaba en análisis por parte de sus abogados y la Consejería Jurídica.
Sobre el trabajo de Gertz Manero manifestó en la Mañanera del Pueblo: “pienso yo que necesitamos más coordinación de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, hay temas de seguridad que es muy importante que haya una coordinación mayor, en eso estamos trabajando desde que llegamos entonces vamos a esperar el día de hoy.”
Será en las próximas horas cuando acaba la especulación sobre la salida de Gertz Manero y de concretarse, quien será su sucesora o sucesor.
Algunos de los nombres que se barajan para liderar la FGR son el del exministro Arturo Zaldívar; el del actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; y el de la a Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy.
Procedimiento para elegir al nuevo titular de la FGE
Declarada la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado dispondrá de 20 días para elaborar una lista con al menos 10 aspirantes al cargo, la cual deberá ser aprobada por una mayoría de dos terceras partes de los senadores presentes y, una vez avalada, será enviada al Poder Ejecutivo.
Presidencia tendrá un plazo de 10 días para seleccionar una terna y remitirla nuevamente al Senado.
Tras la comparecencia de los aspirantes a la FGR, la Cámara alta deberá elegir al nuevo Fiscal General por mayoría calificada —dos terceras partes de los senadores presentes— dentro de los siguientes 10 días.
Solo en caso de que el Ejecutivo no enviara la terna en el plazo señalado, el Senado tendría 10 días para designar al Fiscal General directamente de entre los 10 aspirantes que inicialmente envió a Presidencia.
Por el contrario, la Constitución también establece que, si el Senado no presenta la primera lista de 10 candidatos, la presidenta podría remitir libremente una terna y nombrar de manera provisional a un Fiscal General, quien permanecerá en funciones hasta que se realice la designación definitiva.
Polémica trayectoria de Gertz Manero
Sobre el aún fiscal de la República pesan acusaciones de abuso de poder, venganza institucional y persecución de adversarios
Le han acusado de usar la FGR para emprender juicios contra personas cercanas a quienes considera adversarios personales. En particular, el exasesor del gobierno, Julio Scherer Ibarra, presentó denuncias contra Gertz por “tráfico de influencias” y “abuso de autoridad”, señalando que habría perseguido a familiares suyos sin justificación legítima.
Asimismo, lo denunciaron penalmente por presuntos actos de tortura, tratos crueles o degradantes en el caso del exdirector de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, y contra personas cercanas a él, con el fin de que firmaran denuncias o desistieran de amparos.
Los cuestionamientos han alcanzado sus finanzas, porque presuntamente tiene propiedades en diferentes partes del mundo.
Recientemente en el caso del exgeneral Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, la FGR dirigida por Gertz optó por no ejercer acción penal en México y cuestionó la investigación estadounidense, lo que muchos criticaron como una falta de voluntad de perseguir posibles responsables nacionales.
Sin dejar de lado el caso de Alejandra Cuevas
Alejandra Cuevas acusó persecución institucional y abuso de poder por ser detenida de manera injustificada.
La política acusó que se trató de una “venganza” personal usando el aparato del Estado. Según la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo demás no fueron procedimientos legítimos sino “una persecución institucional de tres generaciones”, basada en una figura jurídica inexistente.
El caso se basó en la figura de “garante accesoria”. La SCJN concluyó que esa figura no existe en la ley penal aplicable, por lo que las imputaciones carecían de fundamento jurídico.
Cuevas argumentó que su encarcelamiento además de ser injusto, afectó a toda su descendencia -culpa, estigmatización, desplazamiento (la familia dejó México), y un daño psicológico y social severo-.
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