Vicente Guerrero, Pue. - Lo que comenzó como un desacuerdo por tierras entre particulares ha escalado a un ambiente de tensión y miedo en la comunidad de Vicente Guerrero, Durango. Una familia local denunció que ha sido víctima de hostigamiento constante, amenazas y presencia de personas armadas que buscan obligarlos a abandonar un terreno que aseguran es suyo desde hace más de 100 años.
El caso involucra a un grupo que se identifica como “Bienes Comunales de Vicente Guerrero”, quienes —según testimonios— han realizado actos de presión y amedrentamiento contra la familia Ginez Hernández, en lo que aparenta ser un conflicto por la posesión de tierras.
“Ya no es solo un pleito de tierras, es una amenaza directa”
Los afectados relatan que desde marzo han recibido visitas semanales de grupos de hasta 60 personas, algunas de ellas con actitudes agresivas y lenguaje violento. En al menos una ocasión, el grupo ingresó parcialmente al predio, lo que interpretan como un intento claro de despojo.
El hecho más delicado ocurrió el 27 de agosto, cuando un contingente de unas 20 personas llegó a la propiedad, y dos de ellas portaban armas largas, mismas que fueron dirigidas hacia los habitantes del lugar, incluidos menores de edad y un adulto con discapacidad visual.
Propiedad con documentos, pero sin respaldo inmediato
La familia asegura contar con escrituras y documentos legales que acreditan su derecho sobre el terreno, el cual ha estado bajo su posesión por generaciones. Sin embargo, denuncian que la organización comunal se niega a reconocer esos títulos y busca apropiarse de las tierras mediante presión social y amenazas.
A pesar de haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, temen que el avance del caso sea lento, pues la comunidad se rige por usos y costumbres, lo que en muchos contextos retrasa o complica la aplicación de la ley estatal.
Señalamientos directos y miedo compartido
En su declaración pública, la familia responsabilizó a Cipriano Ramos, Onésimo González, Inocencio Romero Solís y Juana Leynes como presuntos líderes o promotores de estas acciones. Además, mencionaron que no son los únicos afectados, ya que otras familias de la zona han sido presionadas de forma similar, aunque no todas se atreven a denunciar.
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