Ciudad de México.— El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, informó que en cada sesión del Pleno se revisan peticiones de jueces y magistrados para implementar de resguardo ante amenazas vinculadas con su jurisdiccional laboral. Señaló que ese órgano no solo acuerda nuevas protecciones, sino que también ordenará retirarlas cuando los dictados de la Coordinación de Seguridad concluyan que el riesgo ha disminuido. De acuerdo con su estimación, alrededor de 40 jueces federales cuentan actualmente con algún tipo de protección, principalmente en materia penal.
Vargas precisó que las medidas varían según el nivel de riesgo determinado por los informes técnicos: algunos jueces portan únicamente chaleco antibalas; otros combinan chaleco con vehículo blindado; y, en ciertos casos, además se asignan escoltas. Recalcó que la prestación de estos apoyos es de alcance nacional y se ajusta a la evaluación individual de cada expediente.
En ese contexto, y tras la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no utilizar las camionetas ciegas adquiridas en diciembre de 2025, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, demostró que lo previsible es redirigir esas unidades a los juzgadores que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Dijo que, en coordinación con la presidencia del OAJ, se analiza esa salida como la alternativa más conveniente para atender las necesidades del Poder Judicial.
Se trata de la primera ocasión en más de cuatro años en que un alto mando del Poder Judicial de la Federación ofrece detalles sobre este tema. La última referencia pública se remonta a diciembre de 2019, cuando, en el primer informe de labores del entonces ministro presidente Arturo Zaldívar, se informó que el extinto Consejo de la Judicatura Federal había asignado 42 medidas de seguridad para juzgadores amenazados o en situación de riesgo. En aquel documento se desglosaron 11 vehículos blindados, 12 servicios de escoltas, 11 chalecos antibalas y ocho apoyos provisionales —como teléfonos con botón de pánico—. Además, se informó que, en ese momento, 91 jueces y magistrados disponían de vehículos blindados, 89 contaban con escoltas y 89 utilizaban chaleco antibalas.
Al año siguiente, el Pleno del CJF clasificó como confidencial el número de jueces beneficiados con estas medidas por razones de seguridad. Conforme a los informes financieros del propio Consejo, entre 2019 y septiembre de 2021 se destinaron 2 mil 125 millones 902 mil 807.98 pesos a la protección de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, a través del subprograma “Protección, prestaciones y servicios a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación”. La reserva de la información fue mantenida posteriormente por la administración de la expresidenta de la Corte, la ministra en retiro Norma Piña.
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