Uno de los factores que influye en la alta percepción de inseguridad que se vive en Puebla, lo genera el riesgo cotidiano de usar el transporte público.
Hay datos oficiales de la Fiscalía de Puebla de que el robo a transporte colectivo acumuló 273 denuncias oficiales en el primer bimestre del año, lo que significa un aumento de 14.2 por ciento respecto a las 239 que se documentaron en 2025.
En enero de este año, se contabilizaron 153 denuncias, un promedio de cinco asaltos diarios. La mayoría, 110, ocurrieron sin uso de la fuerza física.
En febrero se presentaron 120 denuncias ante las autoridades por robo, poco más de cuatro al día. La modalidad se repitió ese mes, en 96 casos. Hay un alza de 34 respecto al bimestre del año pasado, cuando se presentaron 239 quejas por robo a transporte colectivo.
La información oficial confirma que de enero a febrero de este año la mayoría de los robos en el transporte público se concentran en la ciudad de Puebla, que, al ser la demarcación más poblada de la entidad, acaparó el 90.8 por ciento de los asaltos.
Confirma la inseguridad en el transporte público, el señalamiento del gobernador Alejandro Armenta de que las mafias en el transporte público han impedido que se concrete la modernización y están detrás de los señalamientos de corrupción que se realizaron a través de redes sociales contra funcionarios de la SMT.
El mandatario comparó la corrupción al interior de la dependencia con un “elefante reumático, obeso y lleno de enfermedades cancerígenas”, no obstante, insistió en que el objetivo es seguir poniendo orden y evitar la inseguridad que enfrentan miles de poblanos.
Un detalle que no debe ignorarse, es que las 9 mil 600 cámaras de vigilancia instaladas en unidades del servicio público no funcionan, reconoció el lunes la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, quien señaló que en una siguiente etapa del programa para modernizar al sector se buscará activarlas y se emitirá una licitación para entregar nuevas concesiones.
Admitió que durante el arranque del proyecto para ordenar y modernizar el transporte público se ha dado prioridad a la revista vehicular, con la que los concesionarios acreditan que reúnen los requisitos y tienen unidades nuevas o con vigencia para circular, por lo que la instalación y activación de las cámaras se concretará en una siguiente etapa.
“No quiero decirles mentiras, hay 9 mil 600 cámaras ¿funcionando? no, no puedo decirles mentiras, primero matamos el pollo y después hacemos el caldo, si no tenemos unidades menos vamos a tener cámaras”, explicó al comentar que los procedimientos administrativos para que los equipos de monitoreo estén vinculados con el Complejo Metropolitano de Seguridad (C5i).
La instalación de las cámaras de vigilancia fue un compromiso adquirido por los concesionarios durante el último aumento autorizado a las tarifas del transporte público en 2020, de las 23 mil 734 unidades que han realizado el proceso de revista vehicular solo 9 mil 600 las tienen, es decir, el 40.4 por ciento y ninguna está activa.
Sigue la renovación de las unidades de transporte público y se entregaron los apoyos económicos que servirán para pagar el enganche van desde los 59 mil 958 pesos, en el caso de un taxi eléctrico, hasta 554 mil pesos para autobuses y benefician a transportistas de Puebla, Santo Tomás Hueyotlipan, Teteles de Ávila Castillo, Tecamachalco, Coxcatlán, Tehuacán, Tecali de Herrera, Huehuetlán el Grande, Huauchinango, Acatzingo, Quecholac, Huejotzingo, Teziutlán y Epatlán.
Tanús Osorio detalló que el gobierno estatal dispone de una bolsa de 200 millones de pesos para entregar este tipo de apoyos y durante los primeros 39 se otorgó el equivalente a 11 millones 810 mil 64 pesos.
De los 3 mil 137 transportistas que no realizaron en tiempo y forma la revista vehicular, mil 954 ya se acercaron a hacer el trámite tras pagar la multa correspondiente y, de ellos, 674 fueron voluntariamente a las oficinas de la SMT. Destacó que de los casi 2 mil que se han regularizado en el último mes, el 80 por ciento ha renovado unidades.
Quienes se resistan a regularizar su situación perderán sus permisos a partir de abril, ya que las concesiones serán dadas de baja del padrón definitivamente.
Confirmó que el gobierno estatal mantiene abiertas las ventanillas para que quienes faltan por regularizarse lo hagan y se seguirá retirando de circulación a unidades sin permisos, ya que durante 32 operativos se han enviado al corralón 276 unidades, de las cuales 43 eran taxis, 156 de servicio público colectivo y 77 piratas.
La secretaría de movilidad afirmó que hay organizaciones que ofrecen supuesta protección a transportistas y les cobran cuotas, por lo que ya se presentaron denuncias y afirmó que los denominados “coyotes” también siguen operando, estafando al sector, por lo que reiteró el llamado a que todos los trámites se realicen personalmente en la dependencia.
La inseguridad en el transporte púbico de Puebla está vinculada con la corrupción en la que participan funcionarios de Movilidad y permisionarios que alientan el servicio pirata, aunado que no cumplen con la instalación de cámaras de seguridad, indispensables para inhibir a las pandillas y grupos criminales que han hecho de los asaltos y robos de las unidades de transporte púbico su modus vivendi.
De las anécdotas que se cuentan
Para quién fue el mensaje del martes del gobernador Alejandro Armenta. ¿Tiene dedicatoria?
“El nepotismo, el abuso del poder, el tráfico de influencias son los principales fenómenos que afectan el servicio público y lastiman a las familias”.
“Porque el poder se vuelve virtud, sólo cuando se pone al servicio de los demás, mientras yo sea gobernador lo más importante será combatir la corrupción, el abuso del poder y procurar la seguridad de las y los poblanos y de sus familias”.
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