El "Plan B" de la reforma electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el rechazo del Plan A, pretende reducir costos operativos, limitar privilegios en el sistema político y ajustar el gasto de los organismos electorales.
La iniciativa presentada el 17 de marzo propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 35, 115, 116 y 134, con el propósito de limitar presupuestos públicos y modificar el procedimiento de revocación de mandato presidencial.
El proyecto busca establecer un tope presupuestal para el Senado de la República equivalente a una reducción del quince por ciento en términos reales respecto al ejercicio fiscal de 2026, distribuida en cuatro años.
Para las legislaturas estatales, fija un límite del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. En los ayuntamientos, limita la integración a un síndico y entre siete y quince regidores.
Respecto a las autoridades electorales, remunera a sus integrantes conforme al artículo 127 constitucional y prohíbe la contratación de seguros privados con recursos públicos, salvo obligaciones legales o contractuales.
En materia de revocación de mandato presidencial, permite una sola solicitud durante los tres meses posteriores al fin del segundo o tercer año del periodo, con votación el primer domingo de junio del tercer o cuarto año; autoriza al titular a promover su continuidad conforme a la ley y suspende la propaganda gubernamental sesenta días antes de la jornada. La propuesta invoca el artículo 39 para fundamentar la revocación de mandato en la soberanía popular.
Para la oposición, los topes presupuestales al Poder Legislativo federal y local contravienen los artículos 50, 74 y 127, que reservan la determinación de presupuestos al propio Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales mediante ley de egresos, sin que una reforma constitucional pueda imponerlos de manera directa e inflexible.
Quienes votarán en contra señalan que los artículos 115 y 116, la limitación numérica de regidores y la prohibición de reelección inmediata en legislaturas locales imponen un modelo uniforme que desatiende las variaciones demográficas entre municipios y entidades federativas, en contra del principio federal del artículo 40.
La revocación de mandato se extiende solo al Presidente de la República y no a gobernadores o legisladores, lo que genera asimetría en la rendición de cuentas, señalan sus críticos.
La reforma requiere mayoría calificada en el Congreso de la Unión y ratificación por diecisiete legislaturas locales.
Los aliados de la presidenta Sheinbaum consideran que en esta iniciativa se respeta al municipio libre, el federalismo, la autonomía del INE y los organismos electorales locales, así como el derecho a la paridad de género, impulsado históricamente por su movimiento. Con esta reforma se reducen los privilegios y consideran que garantiza que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
Los ahorros, señalan, se destinarán a obras sociales en beneficio de la gente en sus municipios y estados.
Todo indica que será aprobada con los aliados y legisladores que se sumen a la propuesta presidencial. Solo podría ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violación a principios de autonomía presupuestaria, federalismo y proporcionalidad del artículo primero, lo que por supuesto con los actuales Ministros, no sucederá.
El Plan B de la reforma electoral propuesta desde Palacio Nacional será aprobada antes de la Semana Santa.
De las anécdotas que se cuentan
Jürgen Habermas (1929-2026) fue un filósofo y sociólogo alemán, figura clave de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt.
Su trascendencia radica en la formulación de la Teoría de la Acción Comunicativa, que propone el diálogo racional y el consenso como base de la democracia, defendiendo la modernidad como un "proyecto inacabado".
Hay luto en el medio intelectual por su gran influencia en el pensamiento de hoy, Fernando Meraz publicó que:
“La partida del filósofo Jürgen Habermas nos obliga a hacer un alto en el camino para reflexionar acerca de la humanidad y su circunstancia.
“Quiso el destino que el último libro de Habermas - “Un nuevo cambio estructural de la esfera pública y la democracia deliberativa” (publicado por Editorial Trotta, 2025)- volviera sobre el mismo tema que, 60 años antes, contribuyó a hacerlo famoso.
“Esta vez, sin embargo, lo hizo para elevar su enorme preocupación por cómo la digitalización, las redes sociales y las plataformas –tanto la estructura como el funcionamiento de la comunicación pública– hacían ya casi imposible el despliegue de una opinión pública compatible con los criterios de legitimación democrática”.
Tejió, así, hasta el final, la atención a la actualidad apoyada en su sólido compromiso cívico, con la reflexión pausada propia del filósofo. Como escribe Philipp Felsch, también filósofo, sus últimos años estuvieron marcados por la frustración y la desesperanza.
“Actualmente, todo a lo que había dedicado mi vida se está perdiendo paso a paso” confesó.
Hoy empieza a crecer la impresión de que quizá hayamos entrado en esa fase, en la decadencia de las polis democrática.
Gracias a pensadores como Habermas no solo hemos aprendido a saber cómo detectar sus insuficiencias, sino también cómo armarnos para defenderla.
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clh