México.- A pesar de que hay indicadores que van en la dirección deseada, la medición de la pobreza en el país durante 2024 no arroja grandes novedades. “Hablamos de constructos que están todavía lejos del pleno ejercicio de los derechos sociales que tenemos las y los mexicanos”, afirmó Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, coordinadora general de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el Seminario Universitario de la Cuestión Social, refirió que en el país tenemos a 7 millones de personas en situación de pobreza extrema. “Si analizamos la distribución territorial de las desigualdades, las brechas históricas de género y la separación entre los ámbitos rural y urbano, vemos la reiteración de las desigualdades y de las grandes brechas que caracterizan a la nación, aún en una medición que reporta reducciones en todas las carencias, incluyendo la pobreza moderada y la extrema”.
Al hablar de “Medición de pobreza 2024”, explicó que la llamada multidimensional tiene dos criterios: población con un ingreso insuficiente para cubrir la canasta alimentaria y con tres o más carencias sociales.
Ante el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), Enrique Provencio Durazo, y los coordinadores del Seminario Universitario de la Cuestión Social y del Seminario de Altos Estudios del Desarrollo, Rolando Cordera Campos y Mario Luis Fuentes Alcalá, respectivamente, añadió que seguimos con problemas estructurales asociados a la vulneración del derecho de seguridad social y a la salud.
Maldonado Trujillo recalcó que en 2024 se registró una disminución de la pobreza extrema a 7 millones de personas, en contraste de los 9.1 millones de la medición previa; se trata de quienes si se gastaran el cien por ciento de su ingreso per cápita mensual en alimentos esenciales, no les alcanzaría. Además, tienen imposibilidad práctica de ejercer derechos sociales.
Los porcentajes más altos de población en situación de pobreza extrema, mencionó, persisten en las entidades del centro y sur del país; destacan Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 27.1, 21.3 y 16.3%, respectivamente, de su población en esa condición, que junto con Veracruz y el Estado de México concentran al 60 % de esa población.
La especialista explicó que las tres carencias con mayor incidencia en ese sector de la población fueron por acceso a la seguridad social (el 96.4%), a los servicios de salud (el 74.8) y a los servicios básicos en la vivienda (el 67.5).
Maldonado Trujillo dijo que las remuneraciones por trabajo subordinado son la principal fuente de ingreso de la población en situación de pobreza extrema; le siguen las transferencias monetarias, de las cuales el 59.2% proviene de programas sociales.
Agregó que, del total de la población en pobreza extrema, el 55.8% tiene de cero a 29 años, equivalente a 3.9 millones de personas, y el 44.2% tiene 30 años o más, es decir, 3.1 millones de personas, dijo en el Auditorio Mtro. Jesús Silva Herzog del Posgrado de la Facultad de Economía.
Ante tal panorama, Claudia Vanessa Maldonado consideró que es esencial garantizar el acceso de la población en situación de pobreza extrema a los programas sociales y acciones adicionales para la inclusión laboral.
Como algunos grupos de población (mujeres y comunidad indígena) presentan mayores porcentajes de pobreza extrema, sobre todo en el ámbito rural, resulta fundamental el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque interseccional y que involucren a esos grupos, sugirió.
Al comentar la presentación, Iliana Yaschine Arroyo, investigadora del PUED, resaltó que la medición de la pobreza 2024 muestra que, a pesar de la reducción de ese fenómeno, sus niveles siguen siendo “escandalosamente altos” para el país que somos, y en el caso de la pobreza extrema, “mucho más preocupantes”.
Persisten las desigualdades entre regiones, entidades federativas, condición étnica, por edad o género. Lo que sí observamos es que la caída de la pobreza se relaciona con el incremento del ingreso y del salario mínimo. Ahora hay que preguntarse qué tanto más ese factor puede seguir siendo motor de cambio y si con el “universalismo” de los programas sociales se ha dejado de lado la necesidad de la focalización como instrumento de redistribución.
Hay que garantizar el ejercicio pleno de derechos para todos, y las políticas de reducción de la pobreza no pueden seguirse centrando exclusivamente en el aumento del salario mínimo o las transferencias monetarias hacia los hogares. Se necesita una mirada más amplia para extender el ejercicio de derechos y reducir la pobreza de forma más sostenida, concluyó.
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