Hasta agosto pasado, Puebla se mantuvo en la primera posición a nivel nacional con mayor número de delitos en hidrocarburos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.
El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año, de enero a agosto, se iniciaron 785 carpetas de investigaciones relacionadas con la extracción, distribución o comercialización de hidrocarburos en Puebla.
Es la entidad con mayor número de carpetas de investigación abiertas por violar la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.
Mientras tanto, la semana pasada, cinco gasolineras de la zona metropolitana de Puebla fueron clausuradas por posible venta de huachicol, tras una serie de operativos en los que participaron la Procuraduría General de la República, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaría de Marina y la Seguridad Física de Petróleos Mexicanos. Con estas acciones, suman 40 estaciones cerradas en el presente año, según datos de los organismos que representan al sector.
El vicealmirante y secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reconoció que las clausuras de varias gasolineras poblanas en los últimos días están relacionadas con el «huachicol fiscal».
Señaló que Ahuazotepec y Huauchinango son municipios considerados foco rojo por alta incidencia de tomas clandestinas, situación que están atendiendo para erradicarlo y proteger a la población.
El huachicol fiscal es un nuevo tipo de evasión de obligaciones fiscales que opera mediante la manipulación de fracciones arancelarias. Los responsables introducen gasolina y diésel al país registrándose como productos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como lubricantes, alcoholes y aditivos.
Este tipo de huachicol es distinto al tradicional, en el que su modus operandi es la extracción ilegal del combustible directamente de un ducto de Petróleos Mexicanos, donde el estado de Puebla es líder en tomas clandestinas.
Los líderes gasolineros señalaron que muchas sanciones responden únicamente a retrasos administrativos ocasionados por la propia autoridad y, pese a ello, se les están imponiendo multas que van de 1.6 millones hasta 22 millones de pesos, lo que consideran un trasfondo recaudatorio. Además, denunciaron que las acciones se realizan de manera arbitraria y con lujo de fuerza, que, a su parecer, constituyen un abuso de poder.
Regresando al huachicol tradicional, la estadística elaborada por el gobierno federal contabilizó 5 mil 570 violaciones a la ley de hidrocarburos, es decir que la entidad concentró el 14 por ciento del total.
Respecto al comportamiento anual, las cifras del gobierno federal exponen que, en 2019, primer año de registro, Puebla acumuló mil 481 averiguaciones; el número más alto hasta ahora.
La ley federal castiga a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
El combustible robado se vende en las propias gasolineras establecidas, por ello de aquí en adelante habrá más operativos de los cuerpos de Seguridad y de la Policía de Pemex, ya que aseguran que los ingresos de los establecimientos no corresponden con lo que les factura Petróleos Mexicanos y eso genera sospechas y mientras Puebla sea el estado con el mayor número de ilícitos en hidrocarburos seguirá la revisión y las sanciones a los empresarios gasolineros.
De las anécdotas que se cuentan
El robo de combustible se convirtió en uno de los temas centrales de los gobiernos de la 4T, pues desde el sexenio de López Obrador se hizo la promesa de erradicarlo.
Pero, este delito es una amenaza, pues pasó a ser más sofisticado.
Ahora, en lugar de perforar ductos de Pemex para robar el combustible, hay una red que funciona para hacerlo pasar de manera legal mediante papeles falsos.
Los recientes hallazgos confirman que este delito, aunque no es nuevo, va en aumento.
De acuerdo con la consultora Petro Intelligence, en 2018 el huachicol fiscal representaba una pérdida para el gobierno de 93 mil millones de pesos, 6 años después, este delito le costó el gobierno mexicano 177 mil millones.
La secretaría de Hacienda, a través del SAT reconoció que el huachicol fiscal equivale a 30% de todos los combustibles vendidos legalmente en las estaciones de servicio.
Financial Times reveló decenas de envíos a México con millones de barriles de combustible que falsamente fueron declarados como lubricante industrial y descargados por mangueras a camiones.
Eso sería resultado de las masivas operaciones de contrabando financiadas por los cárteles mexicanos, pero también por políticos y funcionarios públicos.
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