La Cámara de Diputados aprobó el martes la Ley contra la Extorsión, que establece penas de hasta 15 años de cárcel por el delito que podrá ser denunciado de forma anónima.
Aprobada con 456 votos a favor en lo general, los diputados avalaron la propuesta enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución.
También reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El Congreso ha dado el primer paso este martes para hacer efectiva la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, de autoría presidencial, como brazo de la Estrategia Nacional de Seguridad. Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano (MC), han impuesto cambios de última hora a la iniciativa presidencial y con ello han roto la unanimidad. Con 334 votos, 100 en contra y cuatro abstenciones se ha aprobado en lo general y en lo particular la nueva ley que establece, entre un puñado de planteamientos más, la homologación del delito para que se persiga en las 32 entidades del país, así como que sea investigado de oficio, es decir, sin necesidad de que exista un denunciante plenamente identificado. Las penas podrán llegar hasta los 25 años de prisión, dependiendo de las agravantes. El objetivo es frenar un delito silencioso que ha crecido a pasos agigantados y pone en entredicho el discurso del Gobierno en cuanto a sus resultados en seguridad.
Pero las sorpresas legislativas que la mayoría ha dispuesto a las iniciativas presidenciales se repitió en la aprobación de la ley para combatir la extorsión. Ricardo Monreal, el líder de Morena en la Cámara baja, fue el artífice de cambios al dictamen presentados en la recta final del debate, suscritos por sus aliados del PVEM y del PT y por MC.
Las modificaciones no son menores, suavizan las penas contra funcionarios: policías, ministerios públicos, directores de centros penitenciarios y más, que omitan denunciar delitos de extorsión conocidos. La redacción del dictamen aprobado en lo general por unanimidad, planteaba condenas de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos, “los cómplices”, ha dicho la oposición, que incurran en esos supuestos. Monreal, con el respaldo de la mayoría y la bancada naranja propuso, una reducción considerable de cinco años, para dejarla en 12.
En otros puntos, la legislación determina una pena de seis a quince años de prisión, y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por el delito de extorsión, que lo define como la acción de "quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico".
El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en la ley "se investigarán y perseguirán de oficio", precisó la Cámara baja. Se contemplan agravantes, que pueden incrementar la pena hasta en dos terceras parte, dependiendo del caso.
El delito se comete con violencia, y/o en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados.
También se considera agravante si el delito es cometido en contra de personas migrantes, menores de 18 años, en estado de embarazo o mayores de 60 años. O si se utiliza información privada de la víctima o de sus familiares, como datos personales, imágenes, audios, textos o videos, ya sean reales, manipulados o alterados, para coaccionarla.
La Cámara de Diputados avaló que la denuncia podrá ser interpuesta "sin necesidad de revelar la identidad". La ley establece que "los sentenciados por extorsión no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena", salvo en casos excepcionales de colaboración con la justicia.
El siguiente paso es enviarla al Senado de la República por su aprobación. La iniciativa la propuso Sheinbaum el 20 de octubre pasado, con el fin de unificar en todo el país en el citado delito.
El crimen organizado y los líderes de los comerciantes informales, las pandillas, y las bandas que venden protección a empresarios y negocios tendrán que enfrentar esta modificación legal que da en el corazón de los delincuentes actuales que encontraron en la extorsión una forma más de enriquecerse y generar un ambiente de inseguridad.
De las anécdotas que se cuentan
El diario español El País publicó recientemente una crónica del periodista David Marcial Pérez sobre la extorsión en México:
“Esta vez han sido los limones y las naranjas. El año pasado fue el pollo y antes las tortillas o el aguacate. En Michoacán, en Veracruz, también en el Estado de México o en Guerrero. El poder depredador del crimen organizado somete a prácticamente cualquier negocio, cualquier pata de la economía de la que sacar algo de dinero. Un poder parásito, como esos bichos que se enganchan con los dientes a los peces más grandes para alimentarse de su sangre.
“A Bernardo Bravo lo mataron de un disparo en la cabeza porque se atrevió a desafiar ese poder, a denunciar las extorsiones a sus compañeros agricultores del limón en Apatzingán, el corazón de Tierra Caliente en Michoacán. Cuatro días después también asesinaron a balazos Javier Vargas, productor de naranjas en Veracruz.
“Bravo presidía una asociación de productores de Apatzingán y había conseguido organizar a sus socios amenazados para enfrentarse al crimen organizado. Unos días antes de morir, había convocado una manifestación masiva en la que tiraron cajas de limón en las calles. Uno de los agricultores le contó a mi compañera Micaela Varela que las extorsiones vienen de lejos, pero que en los últimos tiempos ha empeorado con la entrada de más grupos criminales:
“Antes nos quitaban 10 centavos, o 50 en el peor caso, una cuota ligera. Ahora que se hicieron muchos carteles estamos mucho peor”. Otro analista entrevistado subraya los incentivos para este negocio criminal: “Es más sencillo extorsionar que traficar droga. No necesitas precursores, ni laboratorios, ni cruzarlo por la frontera. Impones el miedo y es productivo”.
La extorsión tiene un componente de origen gubernamental. Una especie de suplantación de un trabajo que sólo debería corresponder al Estado.
Las mafias actuales cobran “sus impuestos” muchas veces alegando que a cambio dan protección al que paga, protección ante otros grupos o ante la misma policía. Sobre todo, las autoridades locales son poco más que una extensión de una hidra criminal con unos límites muy difusos.
“En Tierra Caliente el orden es un orden criminal. Aquí es frecuente oír decir: si no te soluciona la autoridad, busca solución en el cerro”, contaba el mismo experto en el reportaje sobre Michoacán.
Concluye el periodista de El País que “las cifras de extorsión, siempre difíciles de leer ante el altísimo porcentaje de casos no denunciados, han crecido durante el último año. El Gobierno mexicano prepara ya una ley específica contra este crimen con más competencias para las fiscalías y más labores de Inteligencia.
“La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir”, dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum hace unos meses. “Todos los delitos van a la baja, pero la extorsión sigue aumentando”.
Ya se dio el primer paso para combatir la extorsión de frente.
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