Las llamadas autodefensas, que aparecieron en Michoacán en 2013, son hoy parte del problema de violencia que vive esa entidad, Aparecieron como una solución de la población ante los grupos criminales, se empoderaron e incluso tuvieron reconocimiento oficial y hoy están involucrados con los cárteles que asolan el estado.
En un espléndido reportaje de Jared Carcaño, publicado en El Sol de Puebla el lunes pasado, documenta que en por lo menos cinco municipios de Puebla “muy pocas veces se denuncian delitos ante la Fiscalía General del Estado, como muestran los números oficiales de los primeros nueve meses de 2025”.
Menciona a Chila de la Sal, Albino Zertuche, Tepemaxalco, Jonotla y Atlequizayan. Explica que “no están hasta abajo de las estadísticas por falta de hechos ilícitos o violentos, sino porque, cansados de la impunidad, sus habitantes saben que la autoridad no resolverá los crímenes y porque, en unos casos, prefieren hacer justicia por propia mano”.
Ahí predomina la desconfianza en las autoridades estatales y los conflictos se resuelven internamente, lo que dificulta la investigación legal. “Las administraciones municipales reconocen que la gente prefiere actuar por sí misma antes que esperar la intervención del gobierno. Incluso ellos comparten, en parte, esa misma ideología”.
En la investigación “Las autodefensas de Michoacán. Movimiento social, paramilitarismo y neo caciquismo”, de Enrique Guerra Manzo, profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco, señala:
“Uno de los fenómenos contemporáneos que más ha confundido a la opinión pública es el caso de las autodefensas de Michoacán, surgidas el 24 de febrero de 2013. Basta una rápida mirada a los artículos de opinión que aparecen en los periódicos, noticiarios de televisión o sitios web, para dar cuenta de ello. Por ejemplo, Carlos Facio dice que las autodefensas no son otra cosa que "grupos de paramilitares". Pascal Beltrán del Río considera que es difícil comprar la idea de que las autodefensas son grupos que se hartaron del crimen organizado”, comenta que sus armas y camionetas delatan que son otro cartel.
“Otros observan en las autodefensas una expresión auténtica de un reclamo social que no puede asegurar el Estado: la seguridad. Enrique Krauze cree que se trata de grupos que oscilan entre el riesgo de la colombianización o fungir como un verdadero movimiento social que posibilite el arraigo de la democracia en Michoacán”.
Por los hechos, las claves del conflicto son locales y obedecen a una crisis de mediación política: el viejo caciquismo se desmoronó con la transición y emergen nuevos líderes que buscan asegurar el orden local.
En los límites de Puebla y Guerrero está el municipio de Albino Zertuche, una población que, según el Inegi, cuenta con mil 885 habitantes.
“Desde su oficina en el Palacio Municipal, el regidor de Gobernación, Pablo Norberto Huerta Ballinas, dijo que la población está muy unida contra la delincuencia porque vive cerca de lugares con alta incidencia delictiva, como Xicotlán y Tulcingo de Valle, donde en febrero del año en curso intentaron incendiar la camioneta de la alcaldesa Marubet Meza Rodríguez”, comenta Jared Carcaño.
El entrevistado asegura que hubo una baja de la incidencia delictiva luego de tomar cartas en el asunto. "Aquí el pueblo está muy unido en cuestión de robos, de violencia, toda la gente se junta cuando hay eso, entonces, ya nos tienen catalogados como muy agresivos cuando suceden cosas así, de asaltos, pues se juntan todos y si hay un delincuente pues se agarra, "
Añadió que la gente prefiere actuar por sí sola en lugar de esperar la intervención de las autoridades, porque teme que la justicia nunca llegue, exista corrupción o que ellos (los impartidores de justicia) formen parte del problema.
“Al igual que otros lugares, en Albino Zertuche desde años atrás hasta la fecha han utilizado el mecanismo de tocar las campanas de la iglesia cuando ocurre algo grave, para reunir rápidamente a la gente en el zócalo, a cualquier día y hora de la semana. Cualquiera puede hacerlo, porque no existe un protocolo de seguimiento”, añadió.
La falta de confianza en la Fiscalía, encargada de investigar delitos del fuero común, se refleja en las pocas denuncias presentadas ante la institución. En los primeros nueve meses del año en curso solo se inició una indagatoria y fue por el delito de amenazas.
En su extenso trabajo, documenta con detalles, que coinciden en la falta de confianza con las autoridades estatales, lo que sucede en Jonotla y Chila de la Sal, en los municipios de Tepemaxalco y Atlequizayan se han interpuesto dos denuncias, una por despojo y la otra por daño en propiedad ajena.
“Las personas entrevistadas en los municipios incluidos en este trabajo coincidieron en que están lejos de los niveles de violencia registrados en otros puntos del estado, como la ciudad de Puebla y su zona metropolitana, donde se ha vuelto frecuente escuchar sobre hallazgos de cuerpos incluso mutilados o asaltos a mano armada en el día”, señalan.
La realidad muestra una tendencia en los municipios con mayor población, al ir aumentando mes con mes la cantidad de ilícitos
En los municipios donde no hay oficinas de la Fiscalía, tienen que trasladarse por sus propios medios a la sede que corresponda y regresar cada que es necesario, según la investigación, convirtiéndose en un vía crucis recibir la impartición de justicia.
Los afectados también pueden acceder a la denuncia en línea, pero debe ratificarse presencialmente, por lo que deben desplazarse para dar continuidad a los procesos penales correspondientes, que son extensos.
Poco a poco, los pobladores de municipios de baja población empiezan a generar sus autodefensas porque no les tienen confianza a las autoridades y están convencidos que lo único que los protege es la “Justicia por propia mano”.
De las anécdotas que se cuentan
El crimen organizado está tan involucrado en la política, que no hay día que no se den declaraciones como la siguiente.
El presidente del Congreso local, Pável Gaspar, afirmó que antes de legislar una reforma electoral, los partidos políticos son los responsables de supervisar que tipo de perfiles postulan como candidatos para evitar que estos estén ligados al crimen organizado.
Sostuvo que el cuidado principal para evitar estas postulaciones conflictivas por su relación con grupos delincuenciales recae en los partidos políticos, “es un tema de conciencia y fondo” para revisar en realidad la trayectoria de los perfiles que se van a proponer.
En marzo, el gobernador morenista, Alejandro Armenta, exhortó a los legisladores a modificar las normas electorales con el propósito de garantizar que los aspirantes a cargos de elección popular no mantengan vínculos con grupos delictivos.
Buena idea y Morena debe dar el ejemplo.
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