El Congreso del Estado de Puebla ha puesto en marcha un riguroso proceso de revisión de las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 de los municipios, con el objetivo de prevenir cobros injustificados y evitar nuevas invalidaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La advertencia fue emitida por la diputada Guadalupe Vargas Vargas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo a la sesión de este 5 de noviembre.
La legisladora del Partido Verde aseguró que los anteproyectos municipales serán revisados “con lupa” para garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos.
"La finalidad es poder analizarlos minuciosamente y evitar que se promuevan acciones de inconstitucionalidad en su contra", señaló Vargas Vargas.
La urgencia de esta minuciosa revisión surge como respuesta directa al fallo reciente de la SCJN, que invalidó cobros en las Leyes de Ingresos de al menos 30 ayuntamientos poblanos.
Dicha anulación provino de una Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien argumentó que diversos municipios habían establecido tarifas excesivas e injustificadas que vulneraban derechos humanosfundamentales, específicamente el acceso a la información y la transparencia.
Entre los cobros señalados como desmedidos se encuentran las tarifas por:
• Digitalización de documentos.
• Búsqueda de información.
• Reproducción de información en disco magnético.
• Expedición de copias simples y certificadas.
La lista de municipios cuyas Leyes de Ingresos fueron parcialmente invalidadas por la SCJN incluye demarcaciones como San Andrés Cholula, Mixtla, Molcaxac, Palmar de Bravo, Pahuatlán, Quecholac y San José Chiapa, entre otros.
Hasta el momento, la Comisión que preside Vargas Vargas ha recibido más de 70 anteproyectos de Leyes de Ingresos 2026, lo que representa poco más del 25% de los municipios de la entidad poblana.
La tarea del Congreso será analizar detalladamente estos documentos para asegurar que las nuevas propuestas tarifarias se apeguen estrictamente a la ley, evitando que se repitan los vicios legales que llevaron al máximo tribunal del país a revocar los cobros de casi una tercera parte de los ayuntamientos.
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Foto: Especial
AV
