Será en 2027 cuando se apruebe en el Congreso Federal la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum y ya están negociando con sus aliados del Verde y el Partido del Trabajo, para tener los votos necesarios para que salga adelante.
No habrá mayores cambios de los que se conocen hasta ahora y estos fueron refrendados en la primera mesa que se celebró en Puebla la semana pasada y donde quedó claro que habrá reducción de senadores, diputados federales y locales plurinominales, se invalidarán elecciones en casos de violencia política de género, establecerán una cuota de integración en órganos electorales para las personas migrantes y con discapacidad.
En la mesa participaron 20 autoridades, académicos, políticos y especialistas en temas electorales. Estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez.
La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Laura Artemisa García, apoyó la intención de la presidenta de disminuir el número de senadores y diputados, federales y locales, a partir de la eliminación de 32 representaciones, la mitad de los actuales, en el Senado y una reducción del 50 por ciento en las legislaturas locales.
Se eliminarían 100 de las 200 plurinominales en la Cámara de Diputados federal y en Puebla ocho de 15, dado que actualmente quienes ocupan un escaño en el Senado por esa vía de representación son la cuarta parte, en la Cámara de Diputados un 40 por ciento y un 36.5 por ciento en el Congreso Local.
La intención de la presidenta Sheinbaum es que las minorías estén representadas, pero todos los que sean legisladores realicen campañas de tierra y no sólo entren por lista que determinan los dirigentes y las cúpulas partidistas. La democracia, señala, significa ganar votos con trabajo personal y que la gente vote por ellos, porque los conoce y no porque sean privilegiados por ser dirigentes de partido.
Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, ex consejera del Instituto Electoral del Estado, planteó la posibilidad de que se declare la nulidad de elecciones cuando se haya ejercido violencia política de género contra mujeres que hayan participado como candidatas y prohibir la participación en elecciones a quien la ejerza.
Joel Paredes Olguín, del Centro de Estudios Electorales y de Opinión Pública, propuso que a fin de avanzar en una representación efectiva de los mexicanos que radican en el extranjero, se designen escaños específicos para el sector migrante y quienes los ocupen sean electos directamente por ellos.
La secretaria de Gobernación sostuvo que los foros permitirán realizar un proceso amplio de consulta en todos los estados y recoger opiniones de los distintos sectores para integrar la reforma, a diferencia de las pasadas que se elaboraron “desde una visión centralista y desde las cúpulas de los partidos políticos dominantes”.
Reiteró que la presidenta Sheinbaum integró una comisión que será responsable de elaborar la propuesta de reforma electoral que se presentará al Congreso, a partir de los puntos de vista y aportaciones de los distintos actores sociales, políticos y externos, recabados en las audiencias.
“Desde 2018 nuestro país experimenta un cambio de régimen que hoy tiene continuidad con una política pública que busca el beneficio de la población por encima de todo. La reforma electoral que se ha propuesto responde a una exigencia ciudadana para contar con un instrumento democrático más justo, transparente, accesible, que permita una adecuada representación y termine con gastos excesivos”, subrayó.
En el fondo de la propuesta está que la democracia mexicana sea más barata, que se reduzcan los excesos en estructuras electorales, desparecerán los Organismos Públicos Locales, para que sea el INE quien se encargue de la organización y realización de los procesos y reducir las prerrogativas de los partidos políticos, que hoy significan miles de millones de pesos anuales, en la suma de lo que reciben de la federación de los estados.
La reforma política de Claudia Sheinbaum va.
De las anécdotas que se cuentan
La primera gran reforma en materia electoral fue durante el gobierno de Adolfo López Mateos cuando se introdujo por primera vez espacios en el Poder Legislativo para los partidos políticos, esto porque la oposición al PRI criticaba la nula competencia en los procesos electorales, debido a que el mismo partido que gobernaba era quien organizaba los comicios.
El cambio en 1963 estableció que un partido político se volvería acreedor a cinco curules en la Cámara de Diputados cuando alcanzara por lo menos el 2.5% de la votación total; sin embargo, no podía rebasar los 20 representantes, con el fin de evitar que un solo grupo dominara toda la Cámara Baja.
Fue en 1976 cuando se reformó el porcentaje mínimo requerido para que los partidos pudieran acceder a un espacio en el legislativo, se pasó del 2.5% al 1.5 por ciento. Un año más tarde se llevó a cabo una de las reformas más relevantes, pues con la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales se pasó de 238 diputados a 400, por lo que se tuvo que modificar la Constitución y la Ley.
Tras la reforma de 1977, permitió que el PRI comenzara a tener competencia electoral y dentro de los congresos, se planteó la necesidad de que la Comisión Federal Electoral -que aún pertenecía a la Secretaría de Gobernación- estuviera integrada por el principio de representación proporcional, es decir, que la integraran más representantes y no solo funcionarios públicos.
En 1993, tras tres años con la COFIPE, el congreso modificó la ley y le dio más facultades a la autoridad electoral, como declarar la validez de las elecciones del Congreso de la Unión, expedir constancias de mayoría de ganadores, además de establecer un tope de gastos de campaña para los partidos políticos.
La reforma modificó al IFE, pues por primera vez se apostó por la integración ciudadana en el Consejo General, aunque serían propuestos por la Cámara de Diputados y elector por el voto de las dos terceras partes de los miembros; asimismo, los partidos ahora tendrían representantes sin derecho a voto.
Tras estas modificaciones, el consejo quedó conformado por un consejero presidente, seis consejeros ciudadanos, cuatro consejeros del Poder Legislativo y los representantes de partidos políticos con registro vigente.
En 1996, dos años más tarde se realizó una reforma constitucional al artículo 41, así como a la ley secundaría en donde se fortaleció la autonomía del IFE al eliminar los consejeros del Poder Legislativo y pasando esos lugares a consejeros ciudadanos.
En 2007, el Congreso de la Unión modificó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral, con el cual se le otorgaron 53 nuevas atribuciones al Instituto Federal Electoral, con el fin de que se homologaran los procesos electorales federales y locales para garantizar la democracia social.
Para 2014, la última gran reforma constitucional ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el IFE cambió al Instituto Nacional Electoral con lo cual, ahora la autoridad electoral organizaría los procesos electorales federales, además de coordinar a los organismos locales para la realización de los comicios en todas las entidades federativas.
Entre las nuevas funciones que tiene el órgano colegial es que, a petición de los partidos políticos, podrá organizar la elección de sus dirigentes; además de establecer la figura de candidatos independientes -los cuales no tendría que pertenecer a partidos políticos para ser parte de la boleta-; finalmente, organizar consultas populares y otros ejercicios de democracia participativa.
La próxima gran reforma electoral será la de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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