El transporte "pirata" en Puebla es un problema persistente y en aumento, caracterizado por la operación de unidades sin permisos, invasión de rutas y la resistencia violenta de grupos de choque ante operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Estas unidades, incluyendo taxis colectivos, operan principalmente en las colonias y unidades cercanas al Periférico Ecológico, juntas auxiliares de la capital y municipios metropolitanos, como Tepeaca, Amozoc y Cuautlancingo, representando un riesgo de seguridad y competencia desleal.
Lo peor es que la secretaría de Movilidad y Transporte ha identificado a concesionarios que, además de tener unidades en regla prestando el servicio, son propietarios de otras sin permisos, de las piratas, denunció el gobernador, Alejandro Armenta, tras ser interrogado sobre la invasión de rutas por parte de la denominada 2020 en Tepeaca.
El mandatario afirmó que dicho conflicto de invasión, que afecta a la ruta S-22 ya es atendido por la secretaría de Transporte que encabeza Silvia Tanús, y, al igual que en ese caso, se han detectado otros en donde los permisionarios son responsables de tener en circulación unidades que prestan servicio de traslados de forma irregular.
“La maestra Silvia (secretaría de Transporte), me ha dicho que algunos concesionarios que tienen permisos, pues también tienen sus unidades piratas. Eso pasa y, obviamente, lo están analizando, lo están revisando y es frecuente el que haya invasión de rutas”, precisó el mandatario.
Agregó que, para hacer frente a este problema, las secretarías de Movilidad y Transporte y Seguridad Pública han iniciado operativos conjuntos, con la intención que quien conduzca o sea dueño de unidades pirata no solo reciba una sanción económica, sino que la unidad sea retirada definitivamente de la circulación.
Armenta insistió en que el gobierno estatal mantendrá los incentivos para promover la regularización del transporte público y, como parte de ello, esta semana la secretaría de Planeación, Finanzas y Administración liberará 50 millones de pesos que serán destinados al pago de enganches equivalentes al 20 por ciento del valor de unidades nuevas, para que los concesionarios puedan renovar el parque vehicular.
Los operativos de la SMT han sido recibidos con violencia.
Recientemente, en Camino al Batán en San Miguel Espejo, un operativo terminó con agresiones graves a inspectores por parte de grupos de choque, dejando a personal herido.
El gobernador ha señalado que algunos concesionarios legales operan simultáneamente unidades "pirata", exacerbando la invasión de rutas. Algunos en el pasado fueron funcionarios públicos del área de transporte público.
Pese a la inseguridad, los usuarios utilizan este transporte en zonas de baja cobertura, como boulevard Atlixcáyotl y el Periférico, pagando tarifas que van de 15 a 20 pesos por pasaje, aunque a menudo representa un costo alto y peligroso.
Los taxis "pirata" utilizan tecnología y redes sociales para evadir a las autoridades en puntos clave.
En un corto plazo será difícil terminar con un transporte ilegal tolerado por autoridades de otros sexenios, pero hay decisión del gobernador Alejandro Armenta por ponerle fin a la irregularidad y violencia que propicia el transporte pirata.
Como ejemplo, su decisión de rutas emergentes y la orden de operativos de Movilidad y Seguridad Pública para poner a cada quien, en su lugar, en especial a los concesionarios que también son dueños de ls unidades irregulares.
Al tiempo.
De las anécdotas que se cuentan
Los empleados de Movilidad y Transporte no sólo tienen que hacer frente a los grupos de choque de los propietarios de unidades piratas, en su casa también sopla el viento.
Personal operativo de Movilidad y Transporte denunció una red de corrupción, extorsión, vínculos con la delincuencia y una serie de abusos laborales, bajo el mando del comandante Jaime Oropeza González.
En una carta abierta al gobernador Armenta, el personal operativo de Movilidad y Transporte exigió la intervención del Órgano Interno de Control, la destitución del comandante Oropeza y una auditoría a su equipo.
Denuncian cobros de 40 mil a 50 mil pesos por plaza y cuotas diarias de hasta mil pesos por unidad. También cubren jornadas de 16 a 18 horas, capacitación insuficiente y pagos forzados de seguros que corresponden a la institución.
La corrupción es como el agua, entra por cualquier rendija y eso pasa hasta en las de la secretaría de Movilidad y Transporte.
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clh