México inicia 2026 con una decisión económica de considerable impacto social. En un acto de justicia y con pleno sentido de responsabilidad histórica, el pasado 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento del 13 por ciento al salario mínimo general. A partir del 1 de enero, el salario mínimo diario es de 315.04 pesos, lo que equivale a 9,582.47 pesos mensuales. En paralelo, para responder a las particularidades regionales, en la franja estratégica que comprende 43 municipios en los estados de la frontera norte (Zona Libre de la Frontera Norte), el salario mínimo se incrementó a 440.87 pesos diarios, alcanzando 13,409.80 pesos mensuales. Este nuevo salario eleva el poder adquisitivo directamente de 8.5 millones de trabajadores y confirma que el nuevo modelo laboral inicia el año con sensibilidad al bienestar de quienes históricamente han sido excluidos.
Este incremento no representa un hecho aislado, es uncapítulo más de una revolución silenciosa que reposiciona a México entre los países en desarrollo con mejores niveles salariales, particularmente dentro del contextolatinoamericano. En una región donde la mayoría de los trabajadores apenas cubre una canasta básica con su salario, México ha decidido que un salario digno no sea un privilegiopara unos cuantos, sino un derecho irrenunciable para todos.
Este análisis confirma que esta opción no solo es ética y realizable, sino que, con medidas de apoyo, se consolida como sostenible y beneficiosa.
Del abandono neoliberal a la justicia salarial
El salario mínimo en México sufrió un deterioro sistemático y profundo durante las décadas marcadas por el paradigma neoliberal. Ese periodo se caracterizó por la supeditación de la política laboral a los dictados de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos en turno consolidaron esta orientación mediante reformas estructurales que privilegiaron la apertura comercial y utilizaron la contención salarial como ancla para controlar la inflación.
El resultado fue una erosión devastadora del poder adquisitivo. En términos concretos, si en 1980 el salario mínimo general diario era de 140 pesos de aquella época(equivalente a 6.1 dólares), para 2015 se situaba en 70 pesos(4.4 dólares), y ajustado por inflación, su valor real se había desplomado drásticamente, cubriendo apenas el 40 por ciento de una canasta básica alimentaria familiar.
Este declive no fue fortuito, sino el resultado de políticas públicas deliberadas que sacrificaron el ingreso de los trabajadores en aras de una estabilidad macroeconómica que beneficiaba principalmente a los grandes capitales. Varios sexenios profundizaron esta tendencia, con aumentos salariales nominales que oscilaban entre el 4 y 6 por ciento anual, inferiores incluso a la inflación. El impacto social fue devastador, millones de mexicanas y mexicanos cayeron en la pobreza laboral, exacerbando la desigualdad y perpetuando un ciclo de precariedad que contrastaba con el enriquecimiento de las élites.
Frente a este panorama de deterioro acumulado, la llegada de la Cuarta Transformación en 2018 emprendió un viraje histórico, un acto de soberanía económica que colocó al salario mínimo en el centro de la agenda redistributiva. Desde los primeros ajustes significativos, hasta el incremento de 2026, México ha experimentado una recuperación acelerada, con aumentos reales acumulados que superan el 120 por ciento, y una recuperación de su poder adquisitivo de 154 por ciento, revirtiendo décadas de erosión y posicionando al país como un referente en América Latina.
El retorno de México al centro del mapa latinoamericano
En el escenario latinoamericano, México ha pasado, en apenas siete años, de ocupar los últimos lugares en salario mínimo a consolidarse en la tabla media-alta regional, un ascenso que pocos países han logrado en tan corto tiempo.
Según datos de 2025, el salario mínimo mensual mexicano alcanzó los 416 dólares, ubicándolo en el sexto lugar, superado únicamente por Costa Rica (726 dólares), Uruguay (586 dólares), Chile (565 dólares), Ecuador (470 dólares) y Guatemala (467 dólares). Como referencia, en 2018 México ocupó el penúltimo lugar en la región, con un salario mínimo mensual de apenas 142 dólares.
Cuando se observa el panorama desde la óptica del poder adquisitivo real, la fotografía es todavía más alentadora. En la actualidad, el salario mínimo mexicano tiene la capacidad de cubrir 1.8 canastas básicas (alimentaria y no alimentaria), un alcance impensable hace apenas una década. Esta recuperación coloca a México en una posición destacada dentro de la región, solo por detrás de países cuyos salarios mínimos son considerablemente más altos y cuyas canastas básicas resultan relativamente más accesibles, como Chile, con 7 canastas; Costa Rica, con 6; y Uruguay, con 3.6. El contraste con el resto de América Latina resulta elocuente. En la mayoría de los países, el salario mínimo apenas alcanza para cubrir una canasta básica, cuando mucho. Esta realidad expone modelos económicos de países de la región menos orientados a la justicia social.
El escenario para México en 2026 refuerza este escenario positivo. Con un tipo de cambio proyectado por la Secretaría de Hacienda de 18.9 pesos por dólar, el salario mínimo general alcanzará aproximadamente los 500 dólares mensuales. Este avance permitirá al país ascender en la lista de posiciones salariales en América Latina, situarse entre las pocas naciones de la región con un salario mínimo superior a ese umbral, y consolidarse como una economía con una política salarial robusta y responsable.
Este regreso al liderazgo no es casual, Mientras la mayoría de los países ajusta el mínimo por inflación o acuerdos moderados, México ha aplicado incrementos reales de doble dígito sostenidos, rompiendo con la ortodoxia que advertía caos inflacionario. El resultado es que ahora el salario mínimo de un trabajador mexicano tiene mayor capacidad de compra que su par colombiano, peruano, brasileño o hondureño. Queda claro que México es ya un referente de política salarial valiente y efectiva.
El efecto faro y otros impactos sociales y macroeconómicos
Uno de los impactos más relevantes de la recuperación salarial ha sido el llamado “efecto faro”, mediante el cual los incrementos al salario mínimo no solo favorecen a quienes lo perciben directamente, sino que influyen positivamente en el resto de la estructura salarial. Este efecto se manifiesta especialmente entre trabajadores que ganan por encima de dicho umbral, quienes suelen tomar el nuevo nivel del salario mínimo como punto de referencia para exigir ajustes proporcionales en sus ingresos. El término proviene de una retórica peculiar: al igual que un faro, el salario mínimo ilumina y sirve de referencia obligada, orienta las negociaciones salariales en diversos sectores, y actúa como guía para la redefinición de otras remuneraciones.
Para México, el efecto faro en los últimos años ha sido protagonista de esta dinámica. Un estudio reciente revela que, por cada incremento del uno por ciento en el salario mínimo, el salario promedio de cotización en el sector formal registra un aumento adicional del 0.23 por ciento, más allá de su tendencia inercial. Este efecto de arrastre se manifiesta con mayor intensidad en los rangos salarialesinferiores, particularmente entre trabajadores cuyos ingresos están próximos al salario mínimo. A medida que se asciende en la escala salarial, la magnitud del impacto tiende a diluirse, pero sigue siendo perceptible.
Esto significa que los incrementos acumulados del salario mínimo desde 2019 han propiciado aumentos adicionales de hasta 25 por ciento en diversas negociaciones contractuales. Es decir, este diferencial ha actuado como palanca en diversos procesos de revisión salarial, elevando de manera indirecta las condiciones laborales en distintos sectores formales de la economía.
Los incrementos recientes al salario mínimo en México también han desmontado dos de los principales temores que durante décadas dominaron el debate público: el riesgo de un repunte inflacionario y la amenaza de destrucción de empleo. Por el lado de los precios, un estudio recienteconcluye que el alza inflacionaria posterior a la pandemia se debe principalmente al aumento de precios en insumos importados y energéticos, no a la política de recuperación salarial. Otro estudio refuerza el hallazgo y concluye que un incremento del uno por ciento en el salario mínimo añade 0.07 puntos porcentuales a la inflación subyacente. En la misma línea, los informes trimestrales del Banco de México muestran que entre 2018 y 2025 la inflación ha permanecido dentro de los márgenes compatibles con su meta de estabilidad (4.8 por ciento en promedio), pese a los importantes incrementos reales del salario mínimo durante ese periodo.
Por otra parte,, diversos analistas concuerdan en que hasta ahora no se han producido efectos negativos en el nivel de empleo a causa de los incrementos acumulados del salario mínimo. Otro estudio revela que la política de recuperación salarial implementada desde 2019 no ha generado efectos negativos ni sobre el empleo ni sobre la estructura del mercado laboral (formal e informal). Los datos oficiales respaldan con claridad estos hallazgos. En 2025, la tasa promedio de desocupación se ubicó en uno de sus niveles más bajos en dos décadas, con apenas 2.5 por ciento. Al mismo tiempo, el empleo formal alcanzó un máximo histórico, con cerca de 23 millones de puestos registrados.
En suma, la experiencia mexicana reciente ha desmentido dos viejos dogmas del pensamiento económico ortodoxo. Los aumentos del salario mínimo no tienen impactos sustanciales en la inflación y no hay evidencia de destrucción de empleo vinculada a estos incrementos. En contraste, lo que sí se verifica, además del efecto faro, sonimpactos positivos claros en la reducción de la pobreza.
En efecto, las cifras no dejan lugar a dudas: entre 2018 y 2024, los incrementos al salario mínimo en México han sido un factor determinante en la reducción de la pobreza. Durante este periodo, aproximadamente 13.4 millones de personas lograron salir de esa condición, y de ese total, 6.6 millones lo hicieron directamente gracias a la política de recuperación salarial impulsada desde el Estado. Este dato no es menor. Representa un efecto tangible del giro histórico en la orientación de la política económica, que por décadas mantuvo al salario mínimo como una variable de ajuste, ajena a las necesidades reales de la población.
Retos y sostenibilidad hacia 2030
Dentro de los 100 compromisos trazados por la presidenta Claudia Sheinbaum para el año 2030, uno de ellos establece una meta ambiciosa pero alcanzable: que el salario mínimo permita cubrir el equivalente a 2.5 canastas básicas. Esta no es una promesa retórica, sino un objetivo respaldado por datos, voluntad política y una visión de justicia social que pone al trabajador en el centro del modelo económico.
De hecho, dicha meta se alcanzará de manera anticipada en 2026 en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde, gracias al esquema de salario mínimo diferenciado, los trabajadores podrán adquirir hasta 2.8 canastas básicas. En el resto del país, el incremento programado para este mismo año también representa un paso significativo: permitirá que el salario mínimo general cubra el costo de dos canastas básicas, un avance histórico si se considera el rezago acumulado durante décadas.
Ahora bien, alcanzar ese objetivo exige una reflexión sobre su viabilidad en el mediano plazo ¿Es sostenible mantener incrementos salariales de doble dígito de forma continuada? La respuesta es sí, pero con complementos. Para que esta política siga siendo viable, debe acompañarse de una arquitectura complementaria que garantice el equilibrio con otras variables clave. El verdadero reto radica en sostener el ritmo de aumentos sin comprometer la estabilidad macroeconómica, tal como lo ha hecho de manera muy responsable la presidenta Claudia Sheimbaum. Se trata, en suma, de armonizar justicia salarial con responsabilidad económica.
El primer complemento que se perfila como indispensable para sostener esta trayectoria es el fortalecimiento de la productividad. Un estudio del Banco Mundial sobre la relación entre el salario mínimo y la productividad aporta evidencia valiosa sobre el equilibrio que tienen estas dos variables cuando se acompañan de reformas estructurales que mejoran la productividad total de los factores.
Robustecer la productividad requiere aprovechar de forma estratégica los instrumentos económicos ya disponibles, asegurando que los incrementos al salario mínimo vayan de la mano con políticas que estimulen la inversión, promuevan la innovación y fortalezcan la eficiencia productiva. El Plan México puede convertirse en un mecanismo clave de este vínculo. Su diseño apunta en esa dirección al proyectar para 2030 una inversión pública y privada por encima del 28 por ciento; la generación de 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura y sectores estratégicos; el incremento de 15 por ciento en el contenido nacional de las cadenas de valoren sectores estratégicos; y las compras gubernamentales como palanca para fortalecer la producción nacional.
El segundo acompañamiento es la reducción de la informalidad laboral y el fortalecimiento del sistema de protección social. Según el INEGI, en México casi el 55 por ciento de la población ocupada está en el sector informal, lo que significa que millones de personas quedan al margen de todos los beneficios que tiene un trabajo formal. Si bien la informalidad no implica necesariamente salarios por debajo del mínimo legal, lo cierto es que mantiene a millones de personas atrapadas en esquemas de baja productividad y desigualdad estructural. Esta condición representa uno de los principales desafíos para construir un sistema económico más armónico e inclusivo.
A la luz de este escenario, especialistas en desarrollo socialseñalan la necesidad de implementar una serie de acciones orientadas a la construcción de un sector formal más incluyente. Entre las medidas recomendadas destacan la diversificación productiva, políticas activas de empleo, formación de habilidades y el fortalecimiento de políticas deprotección social.
El tercer y último mecanismo de soporte es la implementación gradual de la reforma a la jornada laboral, que se vincula directamente con la discusión salarial, configurando un nuevo eje en la agenda de justicia laboral. La iniciativa del Gobierno federal consiste en reducir paulatinamente la jornada legal de 48 a 40 horas semanales hacia 2030, mediante recortes escalonados de dos horas por año a partir de 2027. Al respecto, diversos organismos empresariales han expresado su respaldo a esta convergencia entre mejores salarios y jornadas más humanas, siempre que el proceso se implemente con gradualidad, revisiones periódicas y mecanismos de apoyo específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Una mirada de inicio de año
México comienza 2026 con bases más firmes para el bienestar económico. El rescate del salario mínimo, más que una cifra, se ha convertido en el emblema de un nuevo pacto social: uno que reconoce la dignidad del trabajo, redistribuye con justicia y apuesta por el desarrollo desde abajo. La trayectoria iniciada en 2018 (marcada por incrementos reales sustanciales al salario mínimo, una significativa reducción de la pobreza y la activación del efecto faro que ha elevado los ingresos en todo el espectro laboral) no obedece al azar ni a la inercia, sino a una decisión política firme, deliberada y sostenida en el tiempo.
El desafío hacia adelante no se agota en el incremento nominal del salario. La verdadera sostenibilidad de este modelo dependerá de que converjan, de forma armónica, varias piezas clave: productividad creciente, formalización del empleo y reducción gradual de la jornada laboral. Si estas variables avanzan en la misma dirección, será posible consolidar una economía más equitativa, moderna y competitiva.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido este desafío con visión de Estado. Su liderazgo firme y consensuado (visible en el reciente incremento del 13 por ciento al salario mínimo para 2026) confirma que es posible gobernar con sensibilidad social y responsabilidad macroeconómica. En su agenda, el salario mínimo deja de ser un techo de sobrevivencia para convertirse en el piso de una vida digna. Su compromiso con el pueblo, tejido desde la continuidad de la Cuarta Transformación, proyecta un horizonte donde el progreso no es privilegio de unos cuantos, sino derecho de todos.
Este nuevo año inicia con una convicción clara y compartida: el salario mínimo ha dejado de ser un umbral de sobrevivencia para convertirse en el punto de partida de una vida digna. México no solo mejora sus indicadores laborales; redefine, con hechos, el sentido de justicia social en su modelo económico. En ese tránsito, el incremento al salario mínimo no representa una meta concluida, sino el comienzo de una etapa en la que el desarrollo decide, por fin, avanzar con todas y todos.
clh